El equilibrio de la movilidad, otra vez a prueba

Febrero se presenta como un punto de inflexión para la movilidad en Baleares. El final de la moratoria deja en espera miles de solicitudes de autorizaciones de VTC que aguardan turno en los cajones de la Administración, a la espera de la inminente aprobación del reglamento que marcará el procedimiento. Se habla de cerca de 10.000 peticiones en el conjunto del archipiélago.

Desde los consells insulares, como el de Ibiza, se apela a la ley y a la justicia como diques de contención. Recuerdan que en un pasado reciente ya se han rechazado autorizaciones. Pero en el taxi el diagnóstico va más allá. Reclaman voluntad política para evitar un escenario que, en el peor de los casos, no solo supondría un golpe al servicio del taxi, sino un auténtico caos en el espacio público y viario de unas islas con una red de carreteras ya claramente saturada.

Ese mismo debate se reproduce, casi semanalmente, en otros puntos del país. En Bilbao, los taxistas han vuelto a salir a la calle y advierten de un calendario de movilizaciones. El mensaje es claro: el problema no reside únicamente en la concesión de nuevas VTC, sino en la falta de control sobre las que ya operan. Denuncian la ausencia de inspecciones suficientes por parte de las policías municipales y el incumplimiento sistemático de la normativa por parte de las plataformas, una situación que, a su juicio, genera un perjuicio real y constante al taxi.

Porque el taxi no disfruta de derechos exclusivos por capricho. Los asume a cambio de obligaciones: tarifas reguladas, servicio permanente, atención en horas valle y puerta a puerta sin sobresaltos en el precio. Es un servicio público de interés general, aunque a veces se olvide. Mientras algunos modelos privados se concentran donde hay máxima demanda, el taxi sigue ahí cuando no es rentable estar. Y esa diferencia, que sostiene el equilibrio del sistema, merece algo más que buenas palabras: necesita decisiones firmes./TAMBIÉN ES NOTICIA