¿Y si el debate sobre el taxi no fuera realmente sobre el taxi?

Desde hace años se nos presenta como un conflicto entre lo obsoleto y lo innovador. De un lado, el taxi, con su historia, sus licencias, sus reglas. Del otro, las plataformas, con su disrupción, flexibilidad y tecnología. Pero esta dicotomía es falsa. No estamos ante una batalla entre tradición y modernidad. Estamos ante una disputa sobre el papel que debe jugar la regulación en la economía urbana.

Porque el verdadero tema es si el transporte de personas en entornos urbanos debe considerarse un servicio de interés general, sujeto a reglas, a planificación pública, a límites pensados para proteger la convivencia. O si, por el contrario, debe ser entregado sin condiciones a las multinacionales tecnológicas.

Quienes piden eliminar el modelo del taxi lo hacen porque el taxi es una forma visible de intervención política sobre el espacio urbano y sus recursos. Es el resultado de un modelo en el que los poderes públicos han regulado quién puede ofrecer el servicio, en qué condiciones, a qué precio, y con qué obligaciones hacia la ciudadanía.

Sí, obligaciones. Porque es un servicio público con reglas: tarifas fijas, cobertura 24/7, disponibilidad en toda la ciudad, inspecciones, acreditación, vehículos adaptados, atención en lenguas oficiales. Un sistema diseñado para garantizar no solo la eficiencia, sino también la equidad, la seguridad y la cohesión urbana.

¿Es un modelo perfecto? No. Pero en los últimos años, el taxi ha avanzado en electrificación, digitalización, accesibilidad, profesionalización, e incluso cooperación con plataformas tecnológicas. Hoy casi todos los taxis se pueden pedir por app. La diferencia no es tecnológica, es política.

Del otro lado, ¿Qué proponen los supuestos ‘innovadores’? Dinamismo tarifario (traducido: cobrar el triple durante una emergencia), desregulación horaria (precariedad laboral), concentración empresarial (precios abusivos) e incentivos perversos a sobre ofertar y saturar las calles (congestión, accidentalidad y contaminación).

Pensemos por un momento qué pasaría si aplicáramos esa lógica a otros sectores. ¿Permitiríamos a las farmacéuticas multiplicar por diez el precio de los medicamentos según lo enferma que esté la gente? ¿Dejaríamos que cada banco imponga el tipo de interés usurero, según lo desesperado que esté el cliente?

Los que quieren acabar con el taxi están proponiendo una ciudad sin derechos colectivos, con abusos y sin política. Un entorno urbano regido solo por los señores feudales de Silicon Valley, donde lo público se convierte terreno vedado y la ciudadanía en sierva que debe pagar su tributo.