Cerrojazo fiscal a los autónomos que pagan por módulos

El anteproyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal aprobado el viernes por el Consejo de Ministros impedirá a los autónomos y pymes tributar por módulos "cuando facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares". La reforma endurece y restringe para estos colectivos las condiciones de tributación en módulos en un intento de combatir según el Gobierno las facturas falsas.

 El anteproyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal aprobado el viernes por el Consejo de Ministros impedirá a los autónomos y pymes tributar por módulos “cuando facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares”

 

Solo una semanas después de ofrecer una amnistía fiscal a quienes ocultan y no declaran el dinero que tienen en el extranjero, el Gobierno contraataca en casa y aprueba dirigido a pymes y autónomos, un anteproyecto de ley contra el fraude fiscal que endurece y restringe las condiciones para acogerse al sistema de módulos de estos colectivos.  

 

 

Se prohibirá aplicar este sistema a empresas que “facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares”. Se pretende así ,desde el Gobierno, evitar la emisión de facturas falsas. Los colectivos más afectados serán los carpinteros, la industria del mueble, albañiles cerrajeros, fontaneros o transportistas, entre otros. Con la reforma estos profesionales deberán pagar impuestos como el IVA o el IRPF en función a su actividad real.

 

Según los últimos datos de Hacienda casi 700.000 autónomos o pymes están adscritos a la tributación por módulos. Este sistema permite pagar en función de variables como los metros de negocio, el número de empleados o el consumo energético… y no según los ingresos. Lo que significa que cada tres meses se abona a Hacienda una cantidad fija con independencia de los beneficios o pérdidas que se obtengan.

 

 

No todos los autónomos ni pymes se verán afectados por la reforma, las nuevas limitaciones sólo se aplicarán cuando los rendimientos íntegros del ejercicio anterior superen los 50.000 euros. Hacienda entiende que, a partir de ese nivel, ya existe capacidad para asumir mayores obligaciones tributarias.

 

El anteproyecto del Gobierno también contempla prohibir los pagos en efectivo superiores a 2.500 €  y establecer por su incumplimiento sanciones de hasta el 25% del importe abonado. La multa será para ambas partes implicadas (pagador-receptor), pero si una de ellas comunica la infracción antes de tres meses desde que se produjera ese pago, al denunciante se le perdonará la sanción. Una fórmula, la delación fiscal, que el Gobierno entiende merecedora de “premio”, a pesar de la complicidad en el fraude de una de las partes.