Aprobado el reglamento que permitirá limitar las VTC por congestión del tráfico y calidad del aire

Dos años después de la aprobación de la Ley 4/2024 de Transportes Terrestres de Baleares, el Govern ha dado luz verde al reglamento que desarrollará esta norma. El nuevo decreto —sin rango de ley— establece por primera vez un marco integral para ordenar de forma conjunta la actividad del taxi y de los vehículos de transporte con conductor (VTC) en el archipiélago, a lo largo de 63 artículos que buscan dotar de seguridad jurídica a un sector estratégico para la movilidad.

Conviene recordar que la tramitación de las solicitudes de VTC presentadas tras la aprobación de la citada ley de 2024 permanecía congelada y supeditada a la entrada en vigor de este decreto. La aprobación se produce en un contexto que el Ejecutivo autonómico define como de “transformación profunda” del transporte discrecional, marcado por la creciente presión sobre el territorio insular y por un escenario judicial complejo tras distintas resoluciones dictadas en los últimos años.

En concreto, a finales de 2025 el Tribunal Superior de Justicia de Baleares dictó dos sentencias en las que “obligaba” a la Administración a tramitar la solicitud de 660 autorizaciones VTC. Estas habían sido solicitadas con anterioridad a la ley, y desde el sector del taxi se defiende que el Govern dispone de facultades para denegarlas.

Más allá de esas 660 autorizaciones, la petición de VTC por parte de empresas y plataformas no se ha detenido. Por el contrario, se ha registrado un aluvión de nuevas solicitudes, circunstancia que ha acelerado la aprobación de esta regulación. El objetivo declarado es establecer reglas claras y criterios objetivos que permitan dimensionar el número de licencias y autorizaciones conforme a la capacidad real de Baleares. Con este reglamento, ayuntamientos y consells insulares contarán con herramientas para tramitar las solicitudes, aceptando o denegando autorizaciones en función de esos parámetros.

En los últimos años se han contabilizado más de 10.000 peticiones de nuevas autorizaciones VTC, una cifra que contrasta con la situación actual del sector: 2.540 licencias de taxi y alrededor de 740 autorizaciones de VTC, algo más de 3.000 habilitaciones en total.

Desde el Govern se sostiene que asumir 10.000 nuevas VTC sería “absolutamente desproporcionado y medioambientalmente insostenible” en un territorio insular que califican de frágil y limitado. Aunque no se ha precisado cuántas solicitudes podrán prosperar, el Ejecutivo descarta que se alcance ese volumen. Todas las peticiones serán tramitadas, pero únicamente se concederán aquellas que superen los filtros objetivos establecidos en el decreto.

Congestión y calidad del aire como límites

El reglamento fija dos variables determinantes para autorizar nuevas VTC: la congestión del tráfico y la calidad del aire. Cuando en un determinado ámbito territorial se superen los niveles de saturación viaria o los valores de contaminación atmosférica establecidos, no podrán otorgarse nuevas habilitaciones.

Solo se prevé la concesión de autorizaciones excepcionales y de carácter temporal cuando existan necesidades de movilidad debidamente justificadas y siempre previo informe motivado del órgano competente.

El Govern defiende que los pronunciamientos judiciales dictados en estos años avalan la posibilidad de establecer límites cuantitativos, siempre que estén fundamentados en razones de interés general. Asimismo, asegura que el texto aprobado se ajusta a las observaciones formuladas por el Consell Consultiu.

Requisitos ambientales y accesibilidad

A lo largo de sus 63 artículos, el decreto incorpora exigencias medioambientales de carácter general tanto para el taxi como para las VTC. Los vehículos de hasta cinco plazas deberán contar con clasificación ambiental CERO emisiones o ECO. La única excepción contemplada afecta a los vehículos adaptados para personas con movilidad reducida.

En materia de accesibilidad, se establece que los ayuntamientos deberán garantizar que al menos el 5% de las licencias de taxi y VTC correspondan a vehículos adaptados. En el caso de empresas de VTC con más de diez licencias, el porcentaje mínimo se eleva al 10% de su flota.

Según el conseller de Movilidad, José Luis Mateo, la norma no pretende “enfrentar” al taxi con las VTC, sino ordenar el sistema bajo criterios “claros, transparentes y objetivos”. El Ejecutivo subraya que el texto es fruto de un “amplio diálogo” con el sector y que, además de introducir límites cuando resulte necesario, persigue reforzar la sostenibilidad, la accesibilidad y la competitividad del servicio, en un ámbito en el que predominan los autónomos en el taxi y las pequeñas y medianas empresas en las VTC.

Refuerzo contra el intrusismo y control de la precontratación

Otro de los pilares del reglamento es el refuerzo de los mecanismos de control frente al intrusismo. Se homogeneizan los requisitos para ejercer como conductor con el objetivo de profesionalizar la actividad y elevar los estándares de calidad.

En relación con la precontratación, y tras las resoluciones judiciales que descartaron la imposición de un tiempo mínimo de 30 minutos, el decreto no fija un plazo concreto. No obstante, mantiene la exigencia de que exista una contratación real y efectiva antes del inicio del servicio. Si se acredita la inexistencia de precontratación, podrán imponerse sanciones. Asimismo, se refuerzan las condiciones destinadas a evitar la captación de viajeros en la vía pública.

Cooperación entre municipios

En el ámbito del taxi, el reglamento fomenta la suscripción de acuerdos entre municipios para constituir regímenes especiales de recogida de viajeros y áreas de prestación conjunta. El objetivo es mejorar la eficiencia del servicio y adaptar la oferta a las necesidades reales de movilidad en cada territorio.

Con la aprobación de este decreto, el Govern culmina el desarrollo reglamentario de la ley autonómica y dota a ayuntamientos y consells insulares de instrumentos para tramitar las solicitudes conforme a la capacidad efectiva del territorio y a la protección de la salud pública. La movilidad, insiste el Ejecutivo, debe garantizarse tanto a residentes como a visitantes, pero siempre dentro de los límites que impone un entorno insular con recursos finitos./TAMBIÉN ES NOTICIA