La Generalitat sentará al taxi y a las VTCs en una misma mesa para encontrar "una solución"

Luminoso taxi. Imagen: Depositphotos
Luminoso taxi. Imagen: Depositphotos

Tras la jornada de protestas, calificada por el propio sector como "histórica" y tras la amplia repercusión mediática, la Generalitat de Valencia sentará la próxima semana en la misma mesa a taxistas y VTC. El vicepresidente tercero y conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, confirmó la convocatoria y defendió que ambos sectores tienen legitimidad para reivindicar. También lanzó un aviso: la respuesta social a los cortes y caravanas cuenta. 

El conflicto tuvo su punto álgido el miércoles, cuando el taxi salió a protestar contra el “intrusismo” que atribuye a las VTC. El sector exige que el nuevo decreto que prepara el Consell aclare el modelo: tarifas reguladas o un servicio que, alertan, podría disparar precios en catástrofes o grandes eventos.

Martínez Mus sostiene que su departamento busca una fórmula para ordenar la convivencia entre ambos servicios, una coexistencia que, asegura, funciona desde hace años pero que ahora se ha vuelto más frágil. El objetivo, remarcó, es garantizar a los usuarios “el mejor servicio posible”

La reunión de la próxima semana servirá para intentar un acuerdo “que les complazca”, según el conseller. Si ese entendimiento no llega, avisó, la Generalitat tomará decisiones y seguirá adelante con el decreto que prepara para regular la movilidad.

Desde el sector, sin embargo, han mostrado desconfianza hacia las acciones de la administración, mencionando un cambio de criterio del Conseller que, según los taxistas, podría beneficiar a las multinacionales de VTC en lugar de proteger al sector del taxi.

Por ello,  los representantes del taxi han anunciado que se reunirán el lunes 2 de marzo para definir una estrategia que mantenga la lucha, aunque están previstas concentraciones y paros durante todo marzo, mientras las patronales mayoritarias de VTC han activado una campaña con carteles en los vehículos para alertar de los “graves efectos” que, a su juicio, tendría la norma y pedir al Consell que rectifique.