OPINIÓN: El taxi como patrimonio de la sociedad

Carta abierta de Fernando del Molino, presidente de la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat Valenciana
Manifestación del taxi en Valencia
Manifestación del taxi en Valencia

El taxi es una palabra que pasa fronteras. Da igual el lugar del mundo donde estés, no hace falta buscar en el diccionario, toda persona del mundo civilizado sabe lo que es. Los titiriteros que dirigen las multinacionales que quieren acumular riquezas y poder quieren cambiar esta palabra por otras para vender su producto, con sus marcas y logos, con inversiones multimillonarias, pero la marca Taxi perdurará, incluso por encima de ellos.

El Taxi es una marca que lleva más de 100 años y que denomina un Servicio Público, regulado para proteger al usuario (ni al taxista ni a ningún interés empresarial) con unas tarifas equilibradas, por un lado, para que el prestador del servicio pueda ganarse la vida y por el otro para que el usuario tenga un precio contenido para un servicio de transporte discrecional seguro.

El servicio de Taxi es prestado por conductores profesionales (pasan exámenes de capacitación) de puerta a puerta, con el control continuado de las administraciones locales para garantizar un servicio adecuado. No existe un servicio de emergencias más rápido en ninguna ciudad (hay taxis en todo momento en casi cualquier zona del planeta).

El Tribunal Supremo, el Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han ido perfilando el camino que tienen que seguir las administraciones para que los ciudadanos tengan un transporte adecuado, manteniendo algunas de las regulaciones, haciendo necesario modificar otras, y eliminando las que no han sido justificadas de acuerdo con el Tratado de Funcionamiento de la Comunidad Europea y con la Constitución Española.

Hay jurisprudencia casi de todo, por mucho que unos y otros quieran interpretar las normas y las sentencias a su favor. En Europa hay normas y tarde o temprano se cumplen, por mucho dinero que uno tenga, no puede vivir eternamente al margen de la Ley. Las autorizaciones de VTC no son taxis, no pueden hacer lo que hacen por mucho que lo hagan y salga a cuenta pagar las multas. Una frutería no puede vender medicamentos, aunque tenga autorización para vender, no puede vender lo que quiera. Pues trasládenlo a la autorización de VTC que lleva años ofreciendo servicios de taxi sin autorización para hacerlo.

No se puede admitir que se dan las autorizaciones desde la lejanía del Ministerio, sin límites en su número y que nadie sea responsable de lo que se hace con ellas, y menos en un sector tan importante como el transporte urbano, tan controlado y regulado por las administraciones locales, por la dificultad en moderar el tráfico, la contaminación o el espacio público.

Y ahora voces interesadas o ignorantes vienen a intentar convencer a todos de que son necesarios y hay que darles una autorización urbana que nunca han tenido. Jamás la administración competente para otorgar autorizaciones urbanas se las ha concedido. Si el debate es que hacen falta más taxis, ese será el debate. Si el debate es que los taxis deben ser negros, ese será el debate. Si el debate es que los taxis no deben llevar taxímetro y cobrar un precio cerrado por adelantado, ese será el debate.

Pero jamás los valencianos deben permitir que el debate sea cambiar su servicio público por un servicio privado en manos de multinacionales que basan su modelo en reducir todo lo que es beneficioso y garantista para la propia sociedad que lo va a utilizar (conductores sin capacitación, vehículos sin ITV, pasajeros sin seguro adecuado, precariedad laboral, pagar impuestos en paraísos fiscales…) y en multiplicar tarifas para hacer caja cuando son más necesarios (atentados, catástrofes, eventos…).

Si muere el Taxi lo sufriremos todos. Si este Gobierno no lo remedia, el Taxi que conocemos estará a punto de desaparecer en la Comunitat Valenciana. Paralelamente, habrá que indemnizar a los actuales titulares de licencias de Taxi, porque se habrán cambiado las reglas, perjudicándoles económicamente. No vamos a quedarnos de brazos cruzados, es evidente y así lo haremos.

¿Quién pagará esta fiesta? Los mismos que habrán perdido el Servicio Público del que son dueños ahora, todos los ciudadanos valencianos.