Acusan a Competencia de defender a las plataformas VTC y no el interés público
El portavoz de Élite Taxi Barcelona, Alberto “Tito” Álvarez, ha respondido con dureza al informe emitido por la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) sobre la futura Ley del Taxi que se está tramitando en el Parlament catalán, al considerar que el organismo parte de una premisa errónea. Según Álvarez, mientras la ACCO centra su análisis en proteger la competencia entre categorías y la actividad de las VTC, la futura norma tiene como objetivo garantizar un servicio de movilidad “ordinario, accesible y sostenible” para la ciudadanía.
En una tribuna publicada tras conocerse el posicionamiento de la ACCO, el representante del taxi rechaza que la consideración del taxi como modalidad preferente suponga un privilegio. A su juicio, esa preferencia responde a las mayores obligaciones de servicio público que asume el sector, como las tarifas reguladas, la disponibilidad permanente o la atención en zonas y horarios menos rentables. Además, recuerda que la propuesta de intercambio de autorizaciones permitiría a los operadores VTC acceder a ese mismo estatus si aceptan las mismas condiciones.
Álvarez también rebate las críticas de la ACCO sobre la calificación del taxi como servicio de interés económico general. Según sostiene, esta figura no pretende excluir a las VTC, sino reconocer que alguien debe garantizar la movilidad universal y regulada. En este sentido, afirma que los operadores VTC no quedan fuera por su naturaleza, sino por no asumir voluntariamente las obligaciones asociadas a ese servicio público, aunque la futura ley les ofrecería mecanismos para incorporarse.
Respecto a las limitaciones de oferta, el portavoz de Élite Taxi niega que la ley reproduzca modelos restrictivos como la ratio de una VTC por cada treinta taxis que fue cuestionada por la justicia europea. Defiende que el nuevo sistema prevé la concesión de títulos en función de la demanda real no cubierta, lo que permitiría adaptar la oferta a las necesidades de los usuarios. De hecho, recuerda que en el área metropolitana de Barcelona no se han otorgado nuevas licencias de taxi durante décadas pese al crecimiento de la población y del turismo.
El dirigente del taxi coincide parcialmente con la ACCO al denunciar la especulación en el mercado secundario de licencias, donde algunas autorizaciones alcanzan precios de hasta 180.000 euros. Sin embargo, acusa al organismo de ignorar, a su juicio, otra forma de especulación vinculada al negocio de determinadas empresas VTC. En la misma línea, rechaza que la ley suponga una subordinación o expulsión de estos operadores y asegura que las medidas previstas buscan diferenciar claramente entre quienes prestan un servicio público permanente y quienes operan bajo un régimen distinto.
La crítica más contundente de Álvarez se dirige a las grandes plataformas digitales. El portavoz considera que el verdadero riesgo para la competencia no reside en el taxi, formado por miles de pequeños titulares, sino en el poder de mercado acumulado por unas pocas compañías tecnológicas globales. Por ello, defiende que la regulación de la intermediación digital es necesaria para proteger tanto a los usuarios como a los conductores. En conclusión, sostiene que la nueva ley no pretende cerrar el mercado, sino ordenarlo bajo criterios de interés público, garantizando que quienes aspiren a una posición preferente asuman también las correspondientes obligaciones de servicio./TAMBIÉN ES NOTICIA
