Recurrida la Ordenanza de Zonas de Bajas Emisiones que equipara al taxi con las VTC
La Federación Cántabra del Taxi ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria contra la Ordenanza Reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Santander, al considerar que la norma equipara de forma injustificada al taxi con los vehículos de transporte con conductor (VTC). La organización solicita la anulación de varios preceptos de la ordenanza aprobada definitivamente por el Ayuntamiento en noviembre de 2025, al entender que vulneran la naturaleza de servicio público del autotaxi y le imponen cargas administrativas desproporcionadas.
En la demanda, la Federación recuerda que ya presentó alegaciones durante el periodo de información pública de la ordenanza, en las que defendía la necesidad de diferenciar normativamente al taxi de las VTC dentro de la regulación de la ZBE. Entre otros argumentos, sostenía que el taxi tiene reconocida legalmente la condición de servicio de interés público, opera bajo licencia municipal y está sometido a obligaciones de servicio, tarifas reguladas y control administrativo que no afectan a las VTC. Sin embargo, dichas alegaciones fueron desestimadas por el Ayuntamiento de Santander.
El recurso pone el foco en el artículo 14.a) de la ordenanza, que incluye a taxis y VTC dentro de la misma categoría de vehículos exentos de las restricciones de acceso por considerarlos servicios esenciales. Según la Federación, esta redacción supone una “equiparación sin base legal” entre dos actividades sometidas a regímenes jurídicos distintos. A su juicio, el Consistorio ha ignorado las diferencias existentes entre un servicio público regulado y una actividad privada de transporte, diluyendo la singularidad del taxi dentro de la movilidad urbana.
La organización también cuestiona la exigencia de una autorización previa para acceder a la ZBE. La demanda señala que los artículos 15.1.a) y 18.2.c) obligan a los titulares de licencias de taxi a solicitar una autorización y aportar documentación para cada vehículo, pese a tratarse de profesionales ya identificados, licenciados y controlados por el propio Ayuntamiento. La Federación considera que esta obligación constituye una carga burocrática innecesaria y contraria a los principios de eficacia y simplificación administrativa.
Otro de los argumentos recogidos en el recurso es la supuesta falta de motivación técnica y económica que justifique la equiparación entre taxis y VTC. La Federación sostiene que el expediente administrativo no incorpora estudios específicos sobre el impacto de esta medida ni sobre sus consecuencias para el sector del taxi. Asimismo, destaca que la propia memoria económica de la ordenanza reconoce limitaciones en la disponibilidad de datos para estimar los efectos de las medidas previstas.
Por todo ello, la Federación Cántabra del Taxi solicita al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que declare no conformes a Derecho los apartados de la ordenanza que incluyen a las VTC en el mismo régimen de acceso previsto para los taxis y aquellos que obligan a los profesionales del taxi a obtener autorizaciones previas para acceder a la ZBE. Además, ha pedido que durante la fase probatoria se requiera al Ayuntamiento la aportación de los estudios técnicos y de impacto que, en su caso, hubieran servido para fundamentar la equiparación entre ambos sectores./TAMBIÉN ES NOTICIA
