La CAM obliga a Cabify a activar sus 8.500 VTC de forma inmediata
Los primeros autos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en los que se abría la puerta de entrada a autorizar miles de autorizaciones de vehículos de transporte con conductor (VTC) en favor de Cabify sorprendieron a la Comunidad de Madrid, que anunció que recurriría dicha decisión al citado tribunal, sin descartar acudir al Tribunal Supremo.
En virtud de esos autos se habrían autorizado nada menos que 8.500 VTC a favor de Cabify sobre un total de unos 10.000 expedientes de solicitud de autorizaciones. Teniendo en cuenta que en dichas resoluciones judiciales quedaba obligada la Comunidad de Madrid a autorizar esas VTC, ahora el Gobierno regional ha tomado ese mandato, pero indicando a la citada plataforma que debe poner en marcha esas 8.500 VTC de golpe y de forma inmediata.
Es decir, el Ejecutivo regional supedita la concesión de todas esas mencionadas VTC a que Cabify acredite que cuenta con todos los vehículos necesarios para operar con esas autorizaciones. Desde Cabify ya han asegurado en un comunicado que esa obligación contraviene las resoluciones judiciales.
Es importante recordar que la Comunidad de Madrid, dentro de su estrategia de defensa para no conceder esas miles de VTC que amenazan con romper el equilibrio en el transporte de viajeros de la capital, argumentó, entre otras cosas, que dado que las autorizaciones se habían pedido por bloques (algunos de hasta 6.000 VTC), si algunas de esas no cumplían los requisitos legales, dichos bloques de solicitud debían ser denegados. La otra principal argumentación de la Comunidad de Madrid fue la potestad de aplicar la legislación que habilitaba a las Comunidad Autónomas a limitar el volumen de VTC por razones de medioambiente. Esa ley fue aprobada por el Gobierno de España en junio de 2023.
Cabify, en contra del mandato de la CAM
Dado que estas argumentaciones no han servido y no han sido tenidas en cuenta por el TSJM, ahora la Comunidad de Madrid inicia otra estrategia con la que también quiere evitar que la compañía llegue a incluso comercializar por bloques estas VTC. Por ese motivo obliga a que, dado que los tribunales les han dado la razón con esas solicitudes de VTC, las pongan en funcionamiento, pero todas y de forma inmediata.
Desde Cabify consideran que esta obligación de poner en marcha toda la cantidad de VTC lo antes posible constituye “una desviación de poder y carece de fundamento jurídico”. Además, señalan que los tribunales ya indicaron a la Consejería de Transportes cuál debía ser la forma de proceder.
Por otro lado, desde la plataforma consideran que puede ser contradictorio para el mercado poner esas 8.500 VTC en marcha, aunque aseguran que finalmente las introducirán. Eso sí, en principio, y viendo las condiciones impuestas por la Comunidad de Madrid, no podrán hacerlo de forma progresiva como pretendían.
En medio de esta nueva fase de esta proceso que se alarga desde hace casi ocho años, hay que recordar que la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) y Taxi Project han presentado recursos contra los autos del TSJM, al igual que la propia Comunidad de Madrid./TAMBIÉN ES NOTICIA
