“Si el taxi cae, nadie cubrirá lo que no es rentable”: el sector alerta sobre el modelo VTC
El sector del taxi ha elevado el tono en el debate sobre la futura Ley del Taxi de Catalunya y advierte de que la normativa en tramitación no solo regula una actividad económica, sino que determinará si la movilidad urbana se mantiene como un servicio público o pasa a depender de criterios estrictamente de rentabilidad.
A través de Élite Taxi Barcelona, los profesionales del sector denuncian que el actual modelo de las VTC “no es competencia”, sino un sistema que opera “aprovechándose de un servicio público con obligaciones de servicio público, pero sin asumir sus costes”.
Esta posición se apoya en un análisis jurídico elaborado por la asesoría AGP Asesores y Servicios, que sostiene que el debate trasciende lo técnico o sectorial y entra en el terreno estructural. “Lo que está en juego es si la movilidad urbana sigue siendo un servicio garantizado o pasa a depender exclusivamente de la rentabilidad de una aplicación”, recoge el informe.
“No es libertad de mercado, es operar sin obligaciones”
Desde el taxi rechazan de forma contundente que exista una competencia en igualdad de condiciones. Recuerdan que el sector está sujeto a tarifas reguladas, obligación de servicio, cobertura territorial y disponibilidad permanente, mientras que las VTC no tienen esas exigencias.
“El taxi tiene prohibido rechazar servicios y debe operar incluso en condiciones no rentables. Las plataformas pueden seleccionar trayectos, zonas y clientes en función de su rentabilidad”, señalan.
A su juicio, esta diferencia genera una “ventaja competitiva injusta”, ya que las VTC no contribuyen a los costes derivados de las obligaciones de servicio público que sí asume el taxi. “Eso no es competir mejor. Es competir sin asumir las mismas reglas”, subrayan.
Un modelo que “extrae valor” del sistema público
El sector describe el crecimiento de las VTC como un esquema en el que el taxi sostiene la red de movilidad en barrios, horarios y situaciones no rentables, mientras que las plataformas concentran su actividad en los tramos de mayor beneficio.
“Estamos ante un modelo que extrae valor del sistema sin contribuir a su sostenimiento”, advierten, comparándolo con otros sectores regulados donde este comportamiento sería, a su juicio, inaceptable.
El informe identifica este fenómeno como arbitraje regulatorio, que genera una carga financiera injusta para el taxi al asumir obligaciones propias de un servicio de interés general sin compensación equivalente.
La ley, entre ordenar el sistema o dejarlo al mercado
En este contexto, el sector interpreta la futura Ley del Taxi como una decisión de fondo: “ordenar o renunciar a gobernar la ciudad”.
Según defienden, la norma plantea dos escenarios claros: estructurar el sistema bajo criterios de interés general o dejar la movilidad urbana en manos de la lógica de maximización de ingresos.
El texto legal, tal y como lo describe el taxi, refuerza su papel como servicio estructural, limita la expansión de las VTC en entornos urbanos y establece mecanismos de transición para sus operadores.
“No es una ley contra nadie. Es una ley para evitar que la ciudad funcione al dictado de algoritmos que solo responden a la rentabilidad”, aseguran.
Críticas al informe de UNAUTO-VTC
El sector también carga contra el informe difundido por UNAUTO-VTC, al que acusa de presentarse como respaldo académico cuando, en su opinión, se trata de un análisis “de parte”.
Según el estudio jurídico citado por el taxi, dicho informe parte de una premisa errónea al considerar equivalentes taxi y VTC, ignorando el concepto de servicio público y sus obligaciones, además de minimizar aspectos como la movilidad sostenible o el uso intensivo del espacio público.
“Si se elimina del análisis el servicio público, cualquier regulación parecerá excesiva. Pero eso no es un análisis jurídico serio”, sostienen.
Riesgo de desatender la movilidad no rentable
Uno de los principales avisos del sector es que debilitar el taxi puede dejar sin cobertura aquellas áreas o franjas horarias menos rentables.
“Si el taxi deja de ser viable, no hay ninguna garantía de que las plataformas cubran la movilidad en barrios periféricos, en horarios valle o en situaciones de emergencia. No es su modelo”, alertan.
Por ello, insisten en que el debate no debe centrarse en tecnología o innovación, sino en quién garantiza el derecho efectivo a la movilidad cuando el mercado no lo hace por sí solo.
Una decisión “de país”
Élite Taxi concluye que la Ley del Taxi representa una elección política entre dos modelos: uno estructurado, regulado y sostenible, y otro fragmentado y condicionado por la rentabilidad de plataformas globales.
El amplio apoyo parlamentario a la norma, que incluye fuerzas ideológicamente diversas, es interpretado por el sector como una señal de que no se trata de una reivindicación gremial, sino de una decisión de país.
“El debate real no es taxi contra VTC. Es si la movilidad de millones de personas puede depender de si un trayecto es rentable o no”, concluyen./TAMBIÉN ES NOTICIA
