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15/10/2019

La PIT recurre el archivo de su querella contra las VTC


La Plataforma Integral del Taxi (PIT), que aglutina a unos 2.000 taxistas, ha recurrido el archivo de la querella presentada contra Uber, Cabify y otras entidades de vehículos de alquiler con conductor (VTC) al considerar que la juez María Tardón no puede ser imparcial con el abogado representante de los taxistas, el ex juez Elpidio Silva.

 

El pasado 3 de octubre se conoció que la titular del juzgado central de instrucción número 3 de Madrid, encabezado por Tardón, archivó la querella presentada en el mes de mayo por la asociación de taxistas. En concreto, la juez estimó que la querella parte de “una premisa falsa”, que es la de considerar que la conducta desplegada por los querellados –entre ellos Uber y Cabify- “se ha producido en un mercado libre y sin regulación”, algo que la juez entiende que no es así, puesto que recalca que el sector del taxi está ampliamente regulado tanto a nivel estatal, autonómico, como local.

 

Tardón insistió además  que en la querella se omite que con la actitud de las empresas de VTC “no existe ni la posibilidad de manipulación de los precios en un sector intervenido ni tampoco un engaño a los consumidores que pagan por un servicio que aceptan libre y anticipadamente”. Por lo tanto, la juez defiende que no puede apreciarse conducta delictiva de alteración del precio mediante engaño ni tampoco de estafa y fraude ante la Hacienda Pública.

 

Sin embargo, los taxistas alegan que la magistrada no es imparcial con el letrado que los representa, el ex juez Elipidio Silva, y justifican esa postura recordando que la propia Tardón fue apartada de la causa del caso Blesa, ex presidente de Caja Madrid, tras conocerse que había formado parte de la Asamblea de la caja madrileña durante su mandato. Precisamente ese caso fue el que desembocó en la inhabilitación de Silva como juez.

 

En el recurso de apelación, además, Silva rechaza el argumento de la magistrada que defiende que en el sector de transporte de viajeros en el ámbito urbano no concurre la libre competencia de precios. Los taxistas, sin embargo, argumentan que los precios pueden ser susceptibles de alterarse “engañosamente”, y de hecho es una práctica en la que podrían incurrir las plataformas de VTC denunciadas.