El Supremo admite a trámite un recurso de casación sobre el límite de VTC

En junio de 2023, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que la limitación que restringía las autorizaciones VTC a una por cada 30 taxis no se ajustaba a los tratados comunitarios. Es decir, rechazó la idea de denegar autorizaciones VTC basándose únicamente en el conocido ratio 1/30. Sin embargo, la Ley Canaria del Transporte por Carretera aún mantiene vigente esa limitación, lo que ha permitido a la administración denegar solicitudes presentadas por distintas empresas.

Una de esas compañías, Car Drives & Services SL, solicitó 10 autorizaciones de VTC para operar en Gran Canaria. El Cabildo insular rechazó la petición, y la empresa recurrió la decisión ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Las Palmas, que le dio la razón y ordenó a la administración tramitar las autorizaciones. No obstante, el Cabildo apeló ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que desestimó sus argumentos, incluso aquellos basados en la insularidad y la especificidad de la normativa canaria.

Frente a esta decisión, el Cabildo de Gran Canaria interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La Sección de Admisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha decidido ahora admitirlo a trámite al considerar que existe interés casacional para dilucidar si el fallo del TJUE afecta o no a los límites establecidos por la Ley Canaria de Transportes 13/2007.

Ahora será el Supremo quien analice si el dictamen del TJUE de junio de 2023 es directamente aplicable en Canarias o si sería necesario plantear una cuestión prejudicial para este caso concreto.

La clave estará en determinar si las singularidades del territorio canario y los motivos invocados por el legislador regional para establecer el límite a las autorizaciones VTC justifican la restricción, o si, por el contrario, la jurisprudencia europea debe aplicarse también en el archipiélago.

Piden que se atienda a las singularidades insulares

Una resolución favorable al Cabildo podría sentar un precedente importante en materia de autonomía normativa de las comunidades autónomas en el ámbito del transporte y su compatibilidad con el derecho europeo. Desde la Consejería de Movilidad Sostenible, que dirige el consejero Teodoro Sosa, se insiste en que las características territoriales de Canarias avalan restricciones específicas.

Se estima que el Cabildo ha denegado solicitudes de hasta 12 empresas, que en conjunto aspiraban a obtener alrededor de 3.400 autorizaciones VTC en la isla. Al menos siete de estas sociedades habrían recurrido las resoluciones denegatorias, algunas de las cuales solicitaban hasta 200 autorizaciones VTC por entidad.

Desde el sector del taxi, se insiste en que la decisión del TJUE fue una respuesta a una cuestión prejudicial y no una sentencia firme con efectos generales. También destacan que Canarias es una de las pocas comunidades autónomas que ha recogido expresamente el ratio 1/30 en su Ley 13/2007, una normativa que ha recibido el respaldo de varias sentencias, incluso del propio Tribunal Supremo.

Con todo, también recuerdan que el fallo del TJUE no prohíbe limitar las VTC, siempre que existan motivos medioambientales o de ordenación del espacio público. En este sentido, señalan que Canarias presenta uno de los ratios más altos de vehículos por habitante de Europa. “Si fuéramos un país, seríamos el sexto del mundo con más vehículos por cada mil habitantes”, subrayan.

No obstante, también recuerdan que la sentencia del TJUE no prohíbe contingentar las VTC, ya que se pueden limitar por cuestiones medioambientales o de espacio público. En este sentido, recuerdan que Canarias tiene uno de los ratios de vehículos por habitante más altos de Europa. “Si fuéramos un país, seríamos el sexto país con más vehículos por cada mil habitantes”, recuerdan./TAMBIÉN ES NOTICIA

PUEDES RECIBIR TODAS LAS NOTICIAS GRATIS EN NUESTRO SERVICIO DE WHATSAPP: HAZ CLICK AQUÍ