El taxi denuncia a plataformas de VTC ante el Ministerio de Consumo
La organización Taxi Project 2.0 ha presentado una denuncia formal ante el Ministerio de Consumo contra plataformas de VTC por “prácticas abusivas, engañosas e ilegales” que, según sostienen, afectan a millones de usuarios en todo el país. El entidad afirma que estas plataformas vulneran los derechos básicos de los consumidores y alteran la libre competencia en el ámbito de la movilidad urbana.
A través de un comunicado, la asociación acusa a las empresas de VTC de aplicar precios “opacos, abusivos y manipulados” mediante el uso de algoritmos que acceden a datos personales del usuario, como su ubicación, hábitos o nivel de urgencia, para fijar tarifas variables. Según Taxi Project, este sistema impide al consumidor prever o comparar lo que paga y está diseñado para “cobrarle más cuanto más lo necesita”.
Otro de los motivos de la denuncia, que ha ido dirigida a Bolt, Cabify y Uber, es lo que el colectivo califica como “falsa intermediación”. Aunque las plataformas se presentan como meras aplicaciones tecnológicas, desde Taxi Project 2.0 sostienen que en realidad “controlan todo el servicio”, ya que son ellas quienes fijan los precios, asignan los trayectos, cobran al cliente y dirigen la actividad de los conductores, actuando como verdaderas empresas de transporte.
Taxi Project también critica que las plataformas imponen “contratos abusivos y engañosos” que eximen a las compañías de cualquier responsabilidad, remiten los conflictos a tribunales extranjeros y ocultan información esencial sobre la identidad del prestador del servicio. A ello se suma, según la denuncia, “una falta total de transparencia” respecto al tratamiento de los datos personales y a la atención de incidencias, lo que deja al consumidor “en una situación de indefensión absoluta”.
“No luchamos contra la tecnología, sino contra la opacidad, el abuso y la manipulación del mercado”, afirma Taxi Project en su comunicado. La organización pide al Ministerio de Consumo que investigue y sancione estas prácticas, obligue a modificar los contratos y garantice la devolución de los importes cobrados de manera no transparente. “Queremos una movilidad justa, segura y transparente. Defendemos a los consumidores y a la ciudadanía”, concluye./TAMBIÉN ES NOTICIA
