Entra en vigor el nuevo decreto que regula la tarifa fija
El nuevo decreto que regula las tarifas del servicio de taxi en las Islas Baleares ha entrado en vigor hoy tras su publicación el sábado 24 de mayo en el BOIB. La norma permitirá a los consells insulares y ayuntamientos fijar las cuantías tarifarias en cada isla y abre la puerta a establecer una tarifa única para toda una isla, una medida largamente demandada por el sector para favorecer la prestación conjunta del servicio entre municipios.
Impulsado por la Dirección General de Movilidad, el decreto busca simplificar los trámites administrativos para la revisión de tarifas tanto urbanas como interurbanas y garantizar que los precios reflejen los costes reales del servicio. Para ello, se incluyen dos modelos de estudio económico: uno para calcular nuevas tarifas y suplementos, y otro para revisar las tarifas vigentes, ambos basados en una estructura común de costes e ingresos.
Tarifa de referencia y áreas de prestación conjunta
Una de las principales novedades es la posibilidad de que cada isla cuente con una tarifa de referencia común. En el caso de Mallorca, será el propio Govern quien la determine, mientras que en Menorca, Eivissa y Formentera serán los respectivos consells insulares los encargados de establecerla. Los ayuntamientos podrán decidir si se adhieren a la tarifa de otro municipio, favoreciendo la homogeneización tarifaria en zonas donde operan taxis de distintas localidades.
El texto también se enmarca en la ley aprobada por el Parlament en 2023 que contempla la creación de áreas territoriales de prestación conjunta, con el objetivo de mejorar el servicio, aumentar la oferta, evitar recorridos en vacío y avanzar hacia un modelo más sostenible.
Proceso participativo
El decreto ha sido elaborado tras un proceso de diálogo iniciado en enero con consells insulares, ayuntamientos y representantes del sector del taxi, y recibió el visto bueno del Consell Balear de Transporte Terrestre el pasado marzo. La publicación en el BOIB culmina así un proceso participativo que responde a una demanda histórica del sector y que permitirá unificar criterios tarifarios en los territorios donde exista voluntad de colaboración entre administraciones.
