El taxi señala el 17J como el día decisivo para frenar un decreto que califica de traición
Las principales asociaciones representativas del taxi de la Comunitat Valenciana han hecho público un comunicado conjunto en el que expresan su rechazo frontal al decreto ley sobre las VTC que será sometido a votación en Les Corts Valencianes el próximo 17 de junio. Las organizaciones firmantes consideran que el texto supone una amenaza para el servicio público del taxi y muestran su desacuerdo con el contenido de la norma.
En el documento, las asociaciones aseguran que no han podido participar en la elaboración del decreto ley, una circunstancia que sitúan entre los principales motivos de su oposición. Asimismo, critican que se concedan autorizaciones urbanas a 2.004 VTC nacionales, una medida que, a su juicio, equivale a considerar toda la Comunitat Valenciana como un área de prestación para este tipo de vehículos.
Otro de los aspectos cuestionados es la eliminación del tiempo mínimo de precontratación de 15 minutos. Según el sector, esta modificación permitiría que las VTC operasen “de facto desde la inmediatez”, alterando el marco regulatorio que hasta ahora diferenciaba la actividad de estos vehículos respecto al servicio de taxi.
Las asociaciones también muestran su rechazo a la posibilidad de que las VTC urbanas puedan prestar servicio con vehículos híbridos. En este sentido, sostienen que la medida contradice el artículo 99.5 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), que, según afirman, únicamente permite la prestación de servicios VTC con vehículos eléctricos de cero emisiones. Además, denuncian que el decreto no establece límites sobre el número de VTC que pueden operar simultáneamente en cada municipio, área de prestación o provincia.
El comunicado expresa igualmente dudas sobre el cumplimiento de los aspectos que consideran positivos del decreto y sobre la eficacia del estudio técnico anunciado por la Administración. Las organizaciones justifican su desconfianza por los plazos y medios de la administración pública y por lo que definen como el “espíritu pirata” del modelo VTC y de las plataformas que operan en este segmento del transporte.
Las entidades firmantes defienden que, antes de adoptar decisiones sobre nuevas autorizaciones urbanas, debería haberse realizado el estudio técnico destinado a evaluar criterios medioambientales, de reducción de emisiones, gestión del transporte, tráfico y uso del espacio público. A su juicio, el decreto abre un escenario de incertidumbre para las 9.216 familias que, según recuerdan en el comunicado, dependen de la actividad del taxi en la Comunitat Valenciana./TAMBIÉN ES NOTICIA
