La Justicia respalda a la CAM y niega 3.000 VTC a Cabify

Nuevo capítulo en el litigio que mantiene la plataforma de movilidad Cabify con la Comunidad de Madrid por la solicitud de miles de autorizaciones VTC en la capital. En esta ocasión, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), al contrario que en los casos precedentes, ha desestimado dos recursos presentados por casi una treintena de sociedades vinculadas a la compañía contra la decisión previa del Gobierno regional de archivar su petición de 3.000 nuevas VTC.

Los magistrados, a través de dos autos, han rechazado las pretensiones de Cabify y estas sociedades afines, que acusaban a la Dirección General de Transportes y Movilidad de la Comunidad de Madrid de no respetar los plazos procesales y exigirles prácticamente de forma inmediata a que presentasen la documentación necesaria y completa para poder disponer de las autorizaciones pedidas. Para Cabify esa actuación no tenía otra finalidad que eludir el cumplimiento de una sentencia previa y no conceder las autorizaciones y acusaba al Gobierno regional de desviación de poder.

Una vez más, vamos a hacer un ejercicio de memoria para contextualizar todo este “lío judicial”. Empezamos en 2018: Cabify solicitó miles de VTC en Madrid -hasta 25.000-, y estas se rechazaron porque entonces estaba en vigor la proporcionalidad 1/30 entre taxis y VTC, y por lo tanto las solicitudes se rechazaban casi de forma automática.

Estos procesos llegaron al Tribunal Supremo, e incluso después de que el Supremo avalase el 1/30 y por lo tanto el rechazo a estas solicitudes de VTC, en un giro de los acontecimientos, este asunto llegó a Europa, en concreto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En junio de 2023, el citado tribunal europeo rechazó el 1/30, aunque avaló a que las administraciones pudiesen regular las VTC justificando dichas regulaciones por motivos de tráfico, medioambientales o espacio público. Ese mandato lo hizo propio el Gobierno de España y un mes después de esa sentencia del TJUE, el Ejecutivo aprobó un decreto que habilitaba a las Comunidades Autónomas a que pudiesen adoptar esas regulaciones.

Sigamos con esta batalla sin fin. En este contexto, en febrero de 2024 este asunto de las solicitudes de VTC por parte de Cabify y sociedades afines volvió al Tribunal Supremo. En esta ocasión, el Alto Tribunal español debía adaptar la jurisprudencia europea y ya no podía rechazar la solicitud de VTC por el 1/30. No obstante, en su sentencia, lo que determinó es que ahora correspondía a las Comunidades Autónomas, en este caso a la Comunidad de Madrid, decidir qué debían hacer con estas solicitudes de miles de VTC.

Y aquí es donde viene el motivo de este nuevo litigio. El ejecutivo madrileño, por medio de la Dirección General de Transportes, asumió la nueva sentencia del Supremo, pero pidió a Cabify como solicitante que debía completar la documentación que se requiere para poder disfrutar de esas VTC, y que debía hacerlo de forma rápida y no por plazos prolongados en el tiempo. Al no subsanar estos fallos en la documentación, decidió archivar las solicitudes de estas 3.000 VTC.

Posición de la Dirección de Transportes

En concreto, la Dirección General de Transportes, una vez dictada la sentencia del Tribunal Supremo, y siendo esta firme, requirió a las sociedades solicitantes de estas VTC a que subsanasen errores de documentación que es necesaria para disponer de una autorización de transporte. Se les dio a estas empresas, además del plazo previsto, cinco días más para que pudieran hacerlo, teniendo 15 días para subsanar los errores de documentación bajo apercibimiento de que, si no los subsanaban, se daba por desistida la solicitud y se archivaban los expedientes de solicitud.

Las sociedades, vinculadas a Cabify, se mostraron contrarias a esta postura de la administración y recurrieron al TSJM, instando además a que quedasen sin efecto las exigencias de documentación hasta que los magistrados se pronunciasen. Mientras tanto, la Dirección de Transportes, una vez acabó el plazo fijado, declaró desistidos los procedimientos y archivó los expedientes.

Así las cosas, llegamos de nuevo al TSJM tras la oposición de las sociedades de VTC al archivo de sus expedientes, acusando a la administración regional de actuar de forma no diligente con la intención de dificultarles poner en marcha las VTC. En este procedimiento judicial, y en defensa también de lo señalado por la Comunidad de Madrid, se personaron como codemandadas la Asociación Nacional del Taxi y Taxi Project 2.0.

El TSJM, en sus dos autos, recuerda que la administración debe cumplir de modo directo y diligente las sentencias judiciales, ya que sino se incurriría en un retraso que es inasumible ya que las sentencias tienen relevancia para el interés publico y aplicarse de modo parcial o tardía no podría considerarse un cumplimiento conforme con el ordenamiento jurídico.

Los magistrados indican que la Dirección de Transportes madrileña solo pidió que se completase la documentación necesaria para que las solicitantes accediesen a las VTC, subsanando fallos anteriores.

Además, en una crítica a las sociedades que pidieron estas VTC, recuerda el TSJM que desde 2023 podrían haberse hecho una idea de que la sentencia del Supremo les iba a ser favorable, por lo que tuvieron tiempo para preparar la documentación que es necesaria para poner en marchas VTC en Madrid. Tampoco entienden los magistrados que pueda haber desviación de poder por parte de la Comunidad de Madrid porque los plazos dados para la subsanación de los errores en la documentación se ajustaban a lo establecido legalmente. En consecuencia, descarta la Sala del TSJM que haya incurrido en una desviación de poder y por lo tanto rechaza el recurso presentado por la plataforma de movilidad y las sociedades vinculadas a la misma.

Ahora lo que cabe preguntarse es por qué estos autos rechazan VTC a Cabify y los anteriores que empezamos a conocer en el mes de marzo eran favorables a conceder esas autorizaciones. En medio de este contexto, hay que recordar que Federación Profesional del Taxi de Madrid denunció que Cabify habría falseado documentación para disponer de estas autorizaciones, y para más inri, convocó una movilización el próximo 20 de mayo./TAMBIÉN ES NOTICIA

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