“Si el taxi sobrevive es porque existe una regulación que lo protege”
Las alegaciones presentadas por Uber a la Ordenanza reguladora del taxi de Madrid han reabierto un debate que nunca desaparece del todo en el sector: el alcance y la necesidad de la regulación que proteja al colectivo. La multinacional planteó, en esencia, una mayor flexibilidad en el acceso a la profesión, en la adscripción de vehículos y en el régimen de descansos, así como un incremento significativo del número de taxis adaptados para atender la demanda.
Frente a ese planteamiento, existen posiciones dentro del taxi claramente divergentes. Desde la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) defienden la necesidad de preservar el actual marco normativo como garantía para los taxistas. No obstante, dicho marco, en forma de nueva Ordenanza, no ha recibido el apoyo unánime del sector, especialmente en cuestiones sensibles como la exigencia del título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) para acceder a la habilitación como conductor o la supresión de la exención de libranza de la que venían disfrutando los vehículos eléctricos.
Otras entidades, asociaciones e incluso particulares presentaron en su día alegaciones al anteproyecto antes de la aprobación definitiva de la Ordenanza, y algunas de ellas optaron por acudir a los tribunales para intentar modificar determinados artículos que consideran perjudiciales para el taxi. Es el caso de la Asociación Gremial del Taxi de Madrid, de la Asociación Madrileña del Taxi o de 43 titulares afectados por la disposición transitoria que elimina el día de libranza del vehículo eléctrico desde el 18 de julio. También ha recurrido Héctor García, titular de la academia ECartilla. FPTM ha decidido personarse en estos distintos recursos contencioso-administrativos interpuestos contra la Ordenanza, a la que califican como un texto que “debemos defender” porque, aunque imperfecto, indican que es “el menos malo” para el colectivo.
No obstante, en la FPTM la principal preocupación tiene nombre propio: Uber. “Esperemos que no haya nada que se quede a medias, porque cada vez que esta plataforma mete mano, pasan cosas”, advierte Santiago Simón, secretario de la federación.
Simón sostiene que la estrategia de la compañía pasa por una progresiva liberalización del sector a través de la vía judicial. “Cada vez que entran o judicializan un texto normativo, su intención es liberalizar. Tenemos que tener clara una cosa: los taxistas vivimos gracias a la regulación. Si el taxi sobrevive, no es porque seamos inalcanzables, sino porque hay unas normas que nos protegen. De otro modo, cualquiera con su coche podría recoger pasajeros y quitarnos trabajo, pero hay reglas que lo impiden”, explica a este medio. Y concluye con una idea que resume su planteamiento: “Si el taxi sobrevive es por la existencia de una regulación”.
En relación con las alegaciones de Uber, Simón recuerda que la empresa solicitó al Ayuntamiento la concesión de hasta 1.500 nuevas licencias de taxi adaptado y, al mismo tiempo, pidió eliminar la obligación de realizar un mínimo de 150 servicios anuales en estos vehículos, tal y como establece la Ordenanza. “Planteaban invertir la carga de la prueba y proponían un modelo en el que un titular no pudiera rechazar 36 servicios al año. Es decir, podría no realizar ningún servicio adaptado siempre que no constara el rechazo de 36”, explica el representante de la federación.
En cuanto a los siguientes pasos, Simón señala que, una vez levantadas o denegadas las medidas cautelares solicitadas por las partes recurrentes, el procedimiento continuará por la vía ordinaria ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se dirimirá el alcance definitivo de la nueva regulación. El sector, mientras tanto, sigue atento a un proceso judicial que puede marcar el equilibrio normativo del taxi madrileño en los próximos años./TAMBIÉN ES NOTICIA
