Recurren a detectives para denunciar la “invasión” del carril bus-taxi por las VTC
La lucha que desde hace tiempo mantiene la Plataforma Caracol contra lo que consideran una “invasión” del carril bus-taxi por parte de los vehículos de transporte con conductor (VTC) suma un nuevo capítulo. Si la semana pasada se conocía que el Defensor del Pueblo había instado al Ayuntamiento de Madrid a adoptar medidas efectivas de control, ahora se ha sabido que la organización de taxistas ha contratado detectives privados para recopilar pruebas que respalden estas denuncias.
Cabe recordar que, en enero de este año, la Plataforma Caracol presentó un escrito ante el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid, el Gobierno central y el propio Defensor del Pueblo, denunciando la “irregularidad e invasión” de los carriles reservados al bus y al taxi por parte de las VTC, así como la “inacción municipal”. En el marco de su iniciativa “Taxistas Denuncian”, la plataforma ha recopilado en los últimos tres años cerca de 18.000 denuncias ciudadanas, alertando de que esta situación no solo afecta al taxi, sino también al conjunto de la movilidad urbana.
El despacho de detectives contratado ha confirmado que los conductores de VTC son conscientes de la ilegalidad que supone esta práctica, pero la mantienen ante la falta de zonas de parada alternativas, según recoge Infobae.
“Los conductores son conocedores de la ilegalidad que supone invadir el carril, pero la asumen, toda vez que no hay posibilidad de realizar las paradas sin vulnerar dicha normativa”, explican.
A partir del informe elaborado, se documenta que las VTC circulan, paran y recogen pasajeros en los carriles bus-taxi, especialmente en zonas céntricas, lo que dificulta la movilidad de autobuses y taxis, reduce la velocidad comercial del servicio y aumenta los riesgos para la seguridad vial.
Frente a estas denuncias, y tras solicitar información sobre su estado de tramitación, el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Directora General de Gestión y Vigilancia de la Circulación, Marta Anchuelo, respondió que ni la plataforma ni su presidente ostentan la condición legal de “interesados” en los procedimientos sancionadores. Por tanto, no pueden acceder al estado de tramitación de las denuncias presentadas. Además, el consistorio señaló que muchas de las denuncias no cumplían los requisitos formales, aunque aseguró que “todas han sido analizadas” y que únicamente aquellas que se ajustaban a los requisitos legales fueron objeto de investigación sancionadora.
Tras esta respuesta, la Plataforma Caracol replicó que el propio Ayuntamiento estaría admitiendo implícitamente que numerosas denuncias no han sido tramitadas, y defendió que el hecho de pretender que un infractor sea sancionado no impide la validez de la denuncia. La organización calificó como incomprensible la negativa a proporcionar información, y reafirmó su derecho a exigir una revisión efectiva y acción real frente a las infracciones cometidas en el carril reservado al transporte público.
Posible implicación de la EMT
En el contexto de estas denuncias, hace unas semanas se difundió que estaría sobre la mesa la posibilidad de instalar cámaras en los autobuses municipales para controlar el uso indebido del carril bus-taxi. De momento, no hay confirmación oficial sobre cuándo podrían iniciarse estas pruebas.
