“El taxi pierde más de un 30% de su recaudación por el incumplimiento de las VTC”
El presidente de la Confederación de Taxis de la Costa del Sol, Miguel Ángel Martín, ha manifestado su profunda preocupación por el Decreto-Ley aprobado por la Junta de Andalucía que frena durante dos meses la concesión de nuevas autorizaciones VTC hasta la elaboración de un estudio técnico.
El representante de los taxistas indica que ese estudio le “da muy mala espina”. “En dos meses no da tiempo a elaborarlo teniendo en cuenta que ese estudio tiene que estar basado en cuestiones medioambientales, poblacionales y otras como el tráfico o el impacto económico en el sector del taxi”, explica Martín. Con respecto a esto último, el portavoz de los taxistas malagueños recuerda que el taxi “está perdiendo más de un 30% de su recaudación por culpa del incumplimiento de la normativa de parte de las VTC”.
“Las administraciones, ayuntamientos y Junta de Andalucía, no están haciendo nada para hacer cumplir esa normativa”, señala, al tiempo que recuerda que están exigiendo en reuniones de distintos ámbitos que se hagan controles a las VTC y cumplan con esa normativa “que se la siguen saltando día a día”.
Miguel Ángel Martín sostiene que ya hay muchas más de 4.000 VTC en Andalucía, por lo que advierte del riesgo de colapso del sistema si se aprueban las autorizaciones VTC actualmente solicitadas, pudiendo igualar la flota de VTC a la del taxi en Andalucía. El peligro es mayor, señala, en zonas como Málaga y la Costa del Sol, donde ya existe saturación de tráfico e impacto ambiental negativo. Martín considera que esta situación supondría “la puntilla para un sector que se está desangrando”.
El aluvión de VTC y el peligro en la viabilidad del taxi
En un contexto de posible recesión económica, el dirigente advierte que una flota de VTC desregulada y un mercado debilitado podrían "hacer desaparecer el taxi", un servicio que recuerda que es público y de interés general. Critica también que muchas empresas están solicitando autorizaciones con fines puramente especulativos, sin compromiso de servicio ni arraigo en el territorio.
Por ello, Martín hace un llamamiento a la transparencia, exigiendo que la Junta publique íntegramente los resultados del estudio técnico, que incluya todos los elementos necesarios y que actúe con responsabilidad institucional. Recuerda además que ya en 2022 el sector reaccionó con descontento a la imposición del “Decretazo de Carazo”, consejera en aquellos tiempos.
Finalmente, anuncia que se adoptarán todas las acciones legales y reivindicativas necesarias para defender al sector, y que se exigirán responsabilidades políticas a quienes, con su inacción o decisiones, pongan en riesgo los más de 10.000 empleos directos e indirectos vinculados al taxi en Andalucía./TAMBIÉN ES NOTICIA
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