Andalucía suspende por decreto la concesión de nuevas VTC durante dos meses
La Junta de Andalucía publicó ayer un Decreto-ley que introduce nuevos criterios para la concesión de autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) y adapta la normativa autonómica a los cambios legislativos estatales aprobados en junio de 2023, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que cuestionó la proporción 1/30 como límite para estas autorizaciones.
La principal novedad del nuevo decreto es la suspensión inmediata, durante un máximo de dos meses, de la concesión de nuevas autorizaciones VTC en la comunidad autónoma.
La administración andaluza recuerda que el Real Decreto-ley 5/2023, aprobado por el Gobierno de España, impuso requisitos medioambientales a las VTC, pero excluyó de esos requisitos a los vehículos eléctricos de emisiones cero. Como consecuencia, se abrió la puerta a que cualquier operador pudiera solicitar autorizaciones sin limitaciones si utilizaba este tipo de vehículos, ante la ausencia, hasta ahora, de criterios adicionales en la normativa autonómica.
Por ello, y ante una situación sobrevenida y excepcional, la Junta publicó ayer en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) este Decreto Ley 2/2025 con el objetivo contener el crecimiento descontrolado de solicitudes de autorizaciones VTC con vehículos eléctricos, que no están sometidas a los requisitos medioambientales exigibles a otras tecnologías.
Según el Gobierno andaluz, se ha producido una auténtica avalancha: de solo 23 solicitudes presentadas durante todo 2024, se ha pasado a 1.373 peticiones hasta abril de 2025, lo que supone un crecimiento del 6.000%. De mantenerse esta tendencia, el número de autorizaciones vigentes —actualmente 3.713— se duplicaría en apenas seis meses.
La Junta subraya que este fenómeno era imprevisible tanto en el momento de aprobación del decreto estatal como durante la tramitación del reglamento autonómico. La gravedad de los efectos potenciales sobre la gestión del tráfico, el uso del espacio público, la seguridad vial y el medio ambiente obliga a adoptar medidas urgentes.
El nuevo decreto responde a la habilitación legal que permite a las comunidades autónomas establecer criterios adicionales al medioambiental, como los relacionados con la buena gestión del transporte y del tráfico. En ese marco, Andalucía decreta una suspensión temporal de nuevas autorizaciones VTC, incluyendo tanto las solicitudes futuras como las ya presentadas que estén en cualquier fase del procedimiento, incluso en vía de recurso contencioso-administrativo.
Durante ese periodo, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda elaborará un estudio técnico que analizará la movilidad en Andalucía, la situación del sector del taxi y los VTC, y establecerá un coeficiente de equilibrio entre oferta y demanda, a partir del cual se definirán criterios objetivos y proporcionales para nuevas concesiones.
El objetivo es fijar un marco normativo que permita ordenar de forma sostenible el crecimiento del sector, sin poner en riesgo los principios de eficiencia, seguridad y equilibrio territorial en la prestación del servicio.
Reacción negativa del taxi
El presidente de la Confederación de Taxis de la Costa del Sol, Miguel Ángel Martín, ha expresado su profunda preocupación por el Decreto-ley 2/2025, criticando que el estudio técnico anunciado no podrá elaborarse con rigor en solo dos meses y alertando del grave impacto económico sobre el taxi, que ya pierde actualmente más del 30 % de su recaudación por el incumplimiento sistemático de la normativa por parte de las VTC. Advierte de un posible colapso del sector si se conceden todas las que hay solicitadas, lo que igualaría su número al de taxis si se suman a las 4.000 VTC que asegura que hay en la actualidad. Además, recuerda el especial riesgo existente en zonas saturadas como Málaga y la Costa del Sol. Martín reclama transparencia, control efectivo y responsabilidades políticas, y anuncia acciones legales y movilizaciones para proteger los más de 10.000 empleos vinculados al sector.
Por su parte, Élite Taxi Andalucía ha mostrado un rechazo frontal al decreto, denunciando la falta de transparencia, la exclusión del sector y el favorecimiento de intereses privados. Critican que el decreto se haya aprobado sin participación del taxi y advierten de que los criterios medioambientales son insuficientes para frenar el aluvión de solicitudes, sobre todo de vehículos eléctricos exentos de regulación. La asociación señala que la Junta está facilitando una expansión masiva del modelo VTC, promoviendo un sistema especulativo sin control territorial, y desconfía del informe técnico que deberá elaborarse en verano. Su portavoz, Rafael Baena, considera que este decreto es la continuación del “decretazo” de 2022 y anuncia que el sector se movilizará para evitar el desmantelamiento del taxi como servicio público./TAMBIÉN ES NOTICIA
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