Un estudio descarta la concesión de nuevas autorizaciones VTC
Con 9.009 licencias de taxi y 3.690 autorizaciones VTC existentes en marzo de 2025, la oferta actual del transporte de viajeros en vehículos turismo en Andalucía es suficiente para atender las necesidades de demanda.
Esta es una de las conclusiones extraídas del "Estudio sobre la gestión de la oferta del transporte de viajeros en vehículos turismo en Andalucía", elaborado por Nommon Solutions and Technologies por encargo de la Dirección General de Movilidad y Transportes de la Junta de Andalucía.
El análisis fundamenta que concurren razones imperiosas de interés general, como la protección de la calidad del aire, gestión eficiente del tráfico y del sistema de transporte, que determinan la improcedencia de otorgar nuevas autorizaciones, con independencia del tipo de vehículo al que se adscriban, incluidos los eléctricos.
Un aumento de la flota, señalan, afectaría negativamente al equilibrio del sistema, a la salud pública y a la calidad de vida, en contradicción con los objetivos de la política de movilidad de la Junta de Andalucía.
La demanda de servicios interurbanos, menos del 30%
De acuerdo con los datos analizados, el tiempo medio de espera para los usuarios en trayectos urbanos es inferior a 10 minutos, un nivel de servicio considerado “razonable y competitivo” con otras alternativas de transporte.
Además, los datos del Registro de Comunicaciones de los Servicios de VTC (RVTC) revelan un porcentaje de circulación en vacío superior al 35% del total de kilómetros recorridos. Esto, junto con distancias medias sin pasajeros que superan los 10 kilómetros, evidencia una sobreabundancia de la flota que genera congestión y emisiones innecesarias. Añadir más vehículos al sistema, explican, agravaría este problema, yendo en contra del objetivo de una gestión eficaz del tráfico.
Por otro lado, la demanda de servicios interurbanos, el ámbito al que se destinarían las nuevas autorizaciones, representa menos del 30% de la movilidad total en VTC, siendo la demanda interprovincial residual (0,5%). El análisis demuestra que esta demanda ya está suficientemente atendida por la oferta actual.
En base a estos parámetros, el estudio vincula la denegación de nuevas autorizaciones a las "razones imperiosas de interés general" validadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea: la buena gestión del transporte, del tráfico, del espacio público y la protección del medio ambiente y la salud pública.
