El taxi cierra 2026 tomando las calles exigiendo control a las VTC
El taxi español cierra 2026 en pie de guerra. A lo largo del mes de noviembre —y con los taxistas catalanes al cierre de esa edición preparando ya la mayor movilización del año para el 9 de diciembre— el sector ha protagonizado protestas masivas en distintos territorios como el País Vasco, Comunitat Valenciana y Galicia. Todas comparten un mismo diagnóstico: la expansión de la actividad urbana de las VTC sin autorización y la falta de inspección por parte de las administraciones competentes. El taxi considera que la normativa vigente debería ser clara, pero su efectividad se diluye porque no existe un control real. Por ello, reclaman medidas urgentes, inspecciones efectivas y un compromiso institucional firme que frene lo que describen como “intrusismo”, “competencia desleal” e incluso “impunidad”.
Aunque cada comunidad vive su propio contexto, el mensaje es idéntico en todos los territorios: las VTC estarían operando como taxis sin cumplir los requisitos legales, aprovechando la falta de control, y que las administraciones no están actuando para evitarlo. Esta percepción compartida se ha traducido en movilizaciones que, pese a su diversidad, forman un relato nacional de protesta coordinada.
Cataluña: el taxi se para durante 6 horas
Desde las 10.00 hasta las 16.00 horas del pasado 9 de diciembre, los taxistas de Catalunya estaban llamado a un paro del servicio por la asociación Élite Taxi. Junto al paro, se llevó a cabo una manifestación que bloqueó la Gran Vía y el Paseo de Gracia de Barcelona, y que terminó sin incidentes. Según fuentes de la organización convocante, unos 1.500 vehículos de diferentes untos de Catalunya acudieron a la Ciudad Condal a manifestarse.
"Un exitazo", según señaló Alberto “Tito” Álvarez, portavoz de Élite Taxi, en declaraciones a los medios, destacando que el paro fue secundado por el 90% del sector a nivel autonómico, si bien los Mossos d'Esquadra cifraron en 500 taxis los que se encontraban en mitad de la Gran Vía y paseo de Gràcia y unos 350 taxistas manifestándose.
El taxi catalán pide al Parlament que apruebe la nueva ley del taxi lo antes posible, algo que parece estar muy cerca de conseguirse según trasladaron diferentes representantes políticos al propio Álvarez durante la jornada de paro. No obstante, amenazan con una huelga indefinida si la ley del taxi no está aprobada antes de marzo.
Desde Élite también quisieron señalar que, "a pesar de los intentos de boicot por parte de otras organizaciones de taxistas", el taxi volvió a dejar claro que "está dispuesto a llegar donde haga falta para defender la dignidad y el trabajo de nuestras familias".
La asociación anunció también que desde su organización han interpuesto una denuncia ante la ACCO a varias empresas de VTC, entre ellas Uber, por actuar como un “cártel”.
País Vasco: protesta contra la “impunidad” en Bilbao
La de Catalunya no es más que la continuación de distintas protestas repetidas por diferentes regiones del país. El pasado 18 de noviembre, Bilbao se convirtió en el centro de la protesta vasca con una movilización que reunió a taxistas de toda Euskadi. La Federación Vasca del Taxi convocó un paro de tres horas para denunciar lo que consideran la “absoluta inactividad” de las administraciones frente a las VTC. Señalan en concreto a la Diputación Foral de Bizkaia y al Ayuntamiento de Bilbao por no perseguir servicios urbanos realizados sin autorización.
Según el sector, muchas VTC circulan sin contrato previo, salen de sus bases sin servicio asignado y actúan como taxis urbanos pese a no estar habilitadas para ello. Los taxistas consideran que esta situación desequilibra el mercado, genera competencia desleal y deja al taxi en una posición de vulnerabilidad ante un modelo que, aseguran, no cumple las mismas exigencias administrativas.
La protesta vasca fue especialmente visible por los cuatro recorridos reivindicativos que rodearon el Ayuntamiento de Bilbao y atravesaron puntos neurálgicos como Hurtado Amezaga, la Gran Vía, Lehendakari Aguirre o los túneles de Artxanda. Con ello, el sector quiso evidenciar su malestar y llamar la atención de las autoridades para exigir medidas inmediatas de control e inspección.
Desde Álava, el sector mostró su apoyo activo a la manifestación de Bilbao, aunque subrayaron que la situación allí es diferente gracias a la existencia de protocolos de inspección y a la actuación de la Policía Municipal de Vitoria. Sin embargo, la solidaridad interprovincial fue clara: el taxi vasco quiere un marco homogéneo de inspección para evitar que las VTC operen fuera de la normativa autonómica. Por ese motivo, también acudieron los taxistas de Guipúzcoa a la movilización.
Comunitat Valenciana: protesta masiva en Valencia y movilización paralela en Alicante
El 4 de noviembre, la Comunitat Valenciana vivió una protesta sectorial muy multitudinaria. Las principales asociaciones del taxi convocaron un paro de cuatro horas y una manifestación con cerca de 3.000 taxis por el centro de Valencia. El lema —“Por el servicio público del taxi”— sintetiza el objetivo principal: denunciar que las VTC realizan servicios íntegramente urbanos sin autorización, mientras la Conselleria de Transportes y la Policía Local, según el sector, no actúan.
Los taxistas señalaron directamente al conseller Vicente Martínez Mus como responsable de la falta de control y de la “dejación de funciones” que, aseguran, amenaza la viabilidad del taxi. Exigen expedientes sancionadores para las plataformas que permiten que sus VTC operen como taxis sin cumplir la normativa.
La movilización comenzó con concentraciones simultáneas en dos puntos estratégicos de la ciudad —Avenida de los Naranjos y Avenida Camp de Túria— para luego confluir en la Plaza de España. Desde allí, la caravana recorrió vías principales como Aragón, Gran Vía o Pío XII hasta llegar al Ayuntamiento, donde los representantes del sector entregaron un escrito a la alcaldesa. La jornada concluyó ante la Conselleria de Transportes, reforzando la idea de que el problema principal es la falta de intervención política.
En paralelo, Alicante también protagonizó su propia movilización. Con una marcha lenta que atravesó calles como Oscar Esplá, Reyes Católicos o la Rambla Méndez Núñez, los taxistas alicantinos quisieron evidenciar que el problema no se limita a Valencia: el intrusismo, aseguran, afecta a todo el territorio autonómico.
A Coruña: colapso de accesos para denunciar la “permisividad” municipal
En Galicia, la protesta se produjo el 13 de noviembre en A Coruña, aunque formaba parte de una dinámica de movilizaciones previas que ya había tenido un antecedente en octubre. En este caso, se trató de una convocatoria impulsada por un grupo de 150 taxistas que actúan al margen de las asociaciones tradicionales, lo que refleja la pluralidad y el nivel de frustración dentro del propio sector.
Los taxistas denunciaron la “permisividad descarada” del Ayuntamiento respecto a las VTC, acusando al gobierno municipal de permitir su actividad dentro del casco urbano en contra de la normativa autonómica. La marcha lenta salió del aparcamiento del centro comercial Alcampo y avanzó por las avenidas de Alfonso Molina y A Pasaxe con la intención de colapsar los accesos a la ciudad en hora punta.
El sector exige al Ayuntamiento que tramite las multas remitidas por la Xunta a las VTC que operan de forma irregular, y también reclama un aumento de licencias de taxi para atender la demanda existente. Consideran que, mientras a ellos se les exige cumplir estrictas condiciones, las VTC operan sin las mismas obligaciones, poniendo en riesgo la estabilidad laboral de quienes llevan años trabajando en el sector.
Un cierre de año marcado por la unidad en la reivindicación
Aunque las manifestaciones difieren en magnitud y contexto, todas comparten un elemento clave: el taxi reclama control administrativo real. La normativa, afirman, ya establece que las VTC no pueden realizar servicios urbanos sin autorización, pero su cumplimiento depende de la inspección, y ahí es donde creen que las instituciones han fallado.
Cataluña exige una ley que blinde el servicio público frente a las plataformas; País Vasco reclama inspecciones y responsabilidad institucional; Valencia y Alicante piden sanciones y una acción política real; A Coruña denuncia inacción municipal y pide igualdad de condiciones. En todas partes, el mensaje es el mismo: la actividad urbana irregular de las VTC está provocando un conflicto y el taxi, como servicio público, exige que se haga cumplir la ley.
España cierra 2026 con un sector del taxi cohesionado y decidido a defender su espacio en las ciudades. Las protestas de noviembre y diciembre son una muestra palpable de que la tensión entre modelo público regulado y plataformas privadas continuará marcando la agenda del transporte urbano en los próximos años./TAMBIÉN ES NOTICIA
PUEDES RECIBIR TODAS LAS NOTICIAS GRATIS EN NUESTRO SERVICIO DE WHATSAPP: HAZ CLICK AQUÍ
