Taxistas denuncian a la administración por su inacción con las plataformas
La Iguala Jurídica Taxi ha iniciado los trámites para presentar una demanda patrimonial contra la Generalitat de Catalunya por lo que considera una “inacción prolongada” ante las plataformas digitales de intermediación que han estado asignando servicios a vehículos sin autorización preceptiva o incluso sin autorización alguna. La organización denuncia que esta falta de control ha perjudicado directamente a todos los titulares de licencias del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) desde la finalización del conocido como Decreto Ábalos.
Según un comunicado hecho público por la organización, la Generalitat habría permitido durante años que las plataformas operaran con total libertad, pese a disponer de pruebas de que numerosos vehículos carecían de autorización. Los controles policiales, añaden, se han concentrado en zonas como el puerto y el aeropuerto, dejando sin vigilancia a la mayoría de los 36 municipios que integran el AMB. Solo después de las advertencias de demanda, sostienen, el Gobierno catalán comenzó a instruir a las policías locales, lo que para la Iguala demuestra una inactividad “de facto” durante tres años.
La asociación jurídica del taxi califica de “inconcebible” que la Administración haya actuado con firmeza frente a otras plataformas digitales, como Airbnb, mientras ha tolerado a las empresas de intermediación vinculadas al sector VTC. Este trato desigual, apuntan, ha permitido una “competencia desleal” que ha derivado en un perjuicio económico “insoportable” para los profesionales del taxi.
En su comunicado, la Iguala Jurídica exige la aprobación inmediata de un Decreto-ley que regule de forma efectiva la asignación de servicios a los vehículos con licencia. En caso de no adoptarse esta medida, reclaman la prohibición expresa de operar en Cataluña para aquellas plataformas que incumplan la normativa vigente.
Desde la Iguala Jurídica Taxi hacen un llamamiento a la unidad del sector para actuar antes de la aprobación de la nueva ley, con el objetivo de quedar amparados por la jurisprudencia actual. “Unidos y organizados podremos exigir responsabilidades a quienes han permitido este abuso”, concluye el comunicado./TAMBIÉN ES NOTICIA
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