La posible llegada del robotaxi abre interrogantes regulatorios y de seguridad
Madrid se ha convertido en foco de atención en el debate sobre la llegada de los taxis autónomos al mercado español. En los últimos días se ha confirmado que la capital figura entre las ciudades que se contemplan para la introducción de servicios de vehículo totalmente autónomo, conocidos como robotaxis, dentro de los planes de expansión de operadores globales del sector tecnológico y de movilidad.
Este paso sucede en un contexto en el que la normativa española todavía no permite la operación comercial de vehículos sin conductor, de modo que cualquier despliegue de robotaxis dependerá de cambios regulatorios futuros, así como de permisos específicos que habiliten pruebas o servicios graduales.
La inclusión de Madrid en esta hoja de ruta internacional se produce mientras en Europa se prepara la entrada de los robotaxis como una realidad cercana: varios operadores tecnológicos tienen previsto iniciar pruebas piloto en distintas ciudades europeas ya en 2026 y 2027, siempre bajo condiciones y estándares que garanticen la seguridad antes de avanzar hacia una operación más amplia.
Para el sector del taxi, esta perspectiva supone un nuevo elemento de preocupación en un entorno competitivo ya complejo. Los taxis autónomos —vehículos que prescinden de conductor humano— representan una modalidad de oferta que, de llegar a funcionar legalmente en España, podría modificar la estructura de la movilidad urbana tradicional, intensificando la competencia sobre un mercado que aún debate cómo equilibrar innovación tecnológica y servicios regulados.
No hay fechas concretas para el inicio de la operación de robotaxis en Madrid. Además, en España, la Dirección General de Tráfico (DGT) emprendió en junio del año pasado un programa para evaluar la seguridad de este tipo de vehículos, pero aún no hay avances concretos al respecto.
Desde el punto de vista regulatorio, este escenario subraya la necesidad de adaptar marcos legales que permitan no solo las pruebas controladas, sino también la eventual prestación de servicios autónomos de movilidad. La tensión entre la innovación tecnológica y la protección del sector tradicional del taxi seguirá siendo un eje central de debate en España./TAMBIÉN ES NOTICIA
