Aprobado el Decreto-ley que permitirá a los ayuntamientos regular las VTC
El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia ha aprobado el Decreto-ley que otorga competencias a los ayuntamientos para regular la actividad de los vehículos de transporte con conductor (VTC) en el ámbito urbano. Con esta reforma, la Comunidad Autónoma modifica el marco normativo del transporte en vehículos de hasta nueve plazas para adaptarlo a la realidad actual del sector y facilitar la convivencia entre las VTC y el taxi.
Según explicó el portavoz del Gobierno murciano, Marcos Ortuño, esta medida es el resultado de meses de trabajo conjunto con los representantes del sector del taxi y busca garantizar un modelo de movilidad “ordenado, equilibrado y sostenible”.
A partir de ahora, los ayuntamientos podrán establecer limitaciones al número de autorizaciones VTC que operen en su término municipal, atendiendo a criterios como el tráfico urbano, el impacto medioambiental o la ordenación del espacio público. También se les faculta para regular horarios, zonas de circulación o restricciones específicas a la captación de clientes.
Moratoria de dos años en la concesión de VTC
Además, el decreto incluye una moratoria de dos años durante la cual se suspende el otorgamiento de nuevas autorizaciones VTC. Esta pausa permitirá a los municipios desarrollar y aprobar sus propias ordenanzas reguladoras antes de la reactivación del procedimiento de concesión.
A partir de este momento, ha indicado el Gobierno de la Región de Murcia, las autorizaciones VTC existentes podrán realizar transporte urbano de viajeros en los municipios en los que se encuentren domiciliados los vehículos.
La aprobación de esta medida coincide con el crecimiento en el volumen de VTC que experimentó Murcia durante el pasado mes de mayo. En solo 30 días, la Región ha pasado de tener 174 licencias VTC en mayo a 248 en junio, lo que representa un aumento de más del 40 %. Según datos del Ministerio de Transportes, la comunidad cuenta actualmente con 755 taxis frente a las mencionadas 248 VTC.
El taxi denuncia que las VTC “campan a sus anchas”
Uno de los impulsores jurídicos del nuevo decreto ha sido el letrado Valentín Fernández, director del despacho Legamur Abogados y asesor legal de Radio Taxi Murcia. En entrevista con La Gaceta del Taxi, Fernández calificó de “urgente” y “necesaria” esta modificación normativa, destacando que hasta ahora las VTC “campaban a sus anchas” por la falta de un marco sancionador claro.
“Hemos presentado escritos y denuncias, pero no existe un marco normativo con el que sancionar. Por eso hemos puesto este asunto encima de la mesa para que los entes locales puedan regular la actividad urbana de las VTC”, explicó en declaraciones ofrecidas a nuestro medio.
El abogado recordó que tras la entrada en vigor del decreto Ábalos en 2018, se otorgó un plazo de cuatro años para que las comunidades autónomas regulasen la actividad de las VTC. En Murcia, dicho plazo expiró sin que se aprobara una norma concreta, dejando un vacío legal que, según Fernández, ha sido aprovechado por las plataformas para expandirse sin apenas control.
Uno de los principales reclamos del sector del taxi es que se garantice una competencia en igualdad de condiciones. Fernández denunció el “desequilibrio” que actualmente se está generando por la presión normativa sobre el taxi frente a la falta de regulación sobre las VTC. “Se está comprimiendo y presionando más a un sector público que a las VTC. Lo que pedimos es control estricto, no eliminar la competencia. Queremos convivir, pero con normas iguales”.
Puso como ejemplo las limitaciones que sufre un taxi de Murcia al hacer un servicio a Cartagena –ya que no puede recoger clientes en esa ciudad– frente a la libertad con la que operan muchas VTC, que incluso realizan servicios entre comunidades autónomas sin apenas restricciones.
Desde el sector del taxi, se valora este decreto como un paso fundamental para proteger el transporte público, garantizar su sostenibilidad y asegurar la viabilidad del servicio a medio y largo plazo. “Queremos un transporte público basado en criterios de equidad, calidad y sostenibilidad. No se trata de echar a nadie, sino de que todos trabajemos con las mismas reglas”, indicó Fernández.
Ahora queda en manos de los municipios desarrollar sus propias ordenanzas para aplicar esta nueva normativa y asegurar un modelo de movilidad urbana justo, regulado y en equilibrio./TAMBIÉN ES NOTICIA
