Abiertas más de 450 actas de infracción a las VTC
La directora general de Movilidad de Galicia, Judit Fontela, ha vuelto a poner el foco en los ayuntamientos para controlar los vehículos de alquiler con conductor y ha recordado que la Xunta sí está llevando a cabo las labores de inspección que contempla la normativa estatal y que es competencia de los ayuntamientos aplicar sanciones a quienes cometen las infracciones.
A este respecto, Fontela ha explicado en sede parlamentaria que desde la Xunta se han abierto más de 450 actas de infracción desde el pasado año, las cuales han sido trasladadas a sus respectivos ayuntamientos “para que ejerzan sus competencias sancionadoras”. No obstante, la directora ha señalado que “lo que hacen ya estos ayuntamientos, lógicamente, escapa al control de esta administración”.
Los Ayuntamiento, responsables de las sanciones a las VTCs
En este sentido, Fontela no dejó pasar la oportunidad de señalar directamente al ayuntamiento de Santiago de Compostela que, según explicó, “contrató dos servicios de VTC para realizar transporte urbano entre la estación intermodal y un hotel en el centro de la ciudad”. A su alcaldesa, Goretti Sanmartín, le conminó “menos confrontación y más cumplir con sus competencias y regular, que es lo que tienen que hacer y lo que dice la ley que tienen que hacer”.
Recordó que desde la Xunta que se mantiene la diferenciación jurídica entre el taxi y la VTC en la ley gallega y defienden un equilibrio entre ambos sectores garantizando la competencia leal, reforzando la inspección y el control de los vehículos de turismo para asegurarnos de que cumplan la ley, tanto el control de taxis como de VTC. Además, recordó que la actividad de alquiler con conductor “está sujeta a un régimen de autorización nacional delegado en las comunidades autónomas que somos las encargadas de conceder las autorizaciones interurbanas”. Un sistema de doble autorización incorporado por la Xunta “respetando lo que es el principio de autonomía local”.
Apoyo al sector del taxi
La directora de movilidad también ha querido dejar claro su apoyo al sector del taxi, para quien se ha puesto en marcha una serie de medidas en los últimos años. Entre ellas, medio millón de euros destinado en 2025 a las ayudas para la adquisición de vehículos con energías limpias y de vehículos adaptados, así como al millón de euros de las nuevas ayudas activadas el pasado año para la contratación de un segundo conductor y para el pago de la póliza de los seguros de los vehículos, facilitando el cumplimiento de este "servicio público esencial".
“Fomentamos la intermodalidad y promovemos precisamente el uso del taxi y entendemos que es un servicio público esencial como complemento al transporte colectivo cuando no es viable atender con el transporte colectivo de viajeros determinados servicios”, insistió Fontela en su comparecencia.
