"Si siguen entrando VTC durante los dos años que tardará la ley, el taxi estará herido de muerte"

La Asociación Provincial de Auto Taxi de Zaragoza (APATZ) ha puesto en marcha un calendario de movilizaciones contra la situación que atraviesa el sector en Zaragoza y la política de regulación de las VTC en Aragón. La primera protesta tuvo lugar el pasado 23 de julio, después de que la organización aprobara por amplia mayoría las movilizaciones en su Asamblea General Extraordinaria del 6 de julio.

Al frente de APATZ desde el pasado mes de marzo, Michel Izaguerri lleva trece años formando parte de la junta directiva de la asociación. En esta entrevista con La Gaceta del Taxi, explica los motivos que han llevado al taxi zaragozano a movilizarse, denuncia la falta de avances en la regulación de las VTC y reclama a la Administración autonómica que congele la concesión de nuevas autorizaciones mientras se tramita una nueva normativa.

Gaceta del Taxi.- El sector del taxi de Zaragoza convocó una gran movilización para finales de julio contra la administración autonómica. ¿Qué ha ocurrido para llegar a este punto de ruptura?

Michel Izaguerri.- Hace más de dos años iniciamos un proceso de negociación serio con la Dirección General de Transportes del Gobierno de Aragón para regular las VTC. Siempre hemos ido de la mano de Antaxi, la asociación mayoritaria en España, con una predisposición absoluta al diálogo. Nosotros queremos negociar, pero para que un proceso así funcione debe haber voluntad por ambas partes. Establecimos una hoja de ruta con el anterior director de Transportes para redactar una normativa que regulara no solo a las VTC, sino también al taxi, para integrar todo el transporte de viajeros bajo un marco justo. Advertimos de que, si no se limitaban, correríamos el riesgo de sufrir una proliferación descontrolada. Lamentablemente, eso es exactamente lo que está empezando a ocurrir ahora mismo.

G.T.- Zaragoza tiene unas dinámicas de movilidad muy particulares. ¿Cómo afecta esto a la entrada masiva de operadores de VTC?

M.I.- Zaragoza ya no es una ciudad pequeña. Ha crecido de forma notable y su proyección de crecimiento es evidente, pero tiene una particularidad crucial: aquí el turismo es principalmente de fin de semana; los visitantes llegan el sábado por la mañana y se marchan el domingo por la tarde. El ocio se concentra exclusivamente en esos dos días. Entre semana, seamos realistas, a partir de medianoche no se ve un alma por la calle. La ciudad se apaga. Introducir una avalancha de VTC en un mercado con estas características es un sinsentido económico.

G.T.- Mencionaba que la negociación se inició hace dos años con un equipo diferente en la DGA. ¿Qué ha cambiado con el relevo en la Dirección de Transportes?

M.I.- Ha cambiado desgraciadamente para peor. Con el antiguo director, Miguel Ángel Anía, la hoja de ruta estaba clara. Estábamos esperando a ver cómo se consolidaba la normativa catalana para tener un espejo jurídico en el que mirarnos y construir una regulación robusta. De hecho, se nos trasladó que ya existía un borrador de ley bastante definido sobre la mesa de la administración. Para hacer las cosas de forma rigurosa y cumplir con los criterios del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la limitación de licencias basada en la protección del medio ambiente y la ocupación del espacio público, la asociación encargó un estudio técnico a la Universidad de Zaragoza. Ese estudio ya está finalizado y en nuestro poder. Sin embargo, al cambiar el director de Transportes, todo se ha desmoronado. El nuevo director al principio nos prometió que se pondría manos a la obra de inmediato, pero ha pasado año y medio y el balance es cero. Lo más grave es que nos ha reconocido abiertamente que aquel borrador de ley del que nos hablaban no existe, que nunca ha existido.

G.T.- ¿Cuántas autorizaciones de VTC están operando realmente en Aragón y a qué cifras temen enfrentarse si no se aprueba una regulación urgente?

M.I.- Actualmente hay unas 332 VTC autorizadas en toda la comunidad de Aragón. Hace año y medio eran 289; es decir, en este periodo han seguido goteando y concediendo nuevas autorizaciones. El verdadero peligro es el volumen de solicitudes que están pendientes en vía administrativa. La última información que manejamos apunta a que hay más de 5.000 solicitudes de VTC pendientes de resolución. Eso es una auténtica locura insostenible para una ciudad como Zaragoza. La administración autonómica las estaba frenando administrativamente exigiendo requisitos muy rigurosos o dilatando el proceso cuando detectaba defectos de forma en las solicitudes. Pero el grifo se está abriendo. El nuevo director ya nos ha dicho que no puede retenerlas más tiempo y que va a empezar a concederlas. En los últimos dos meses ya han puesto en la calle 40 nuevas VTC.

P.- ¿Existe un problema añadido con las autorizaciones de carácter urbano dentro de la capital aragonesa?

M.I.- Absolutamente. El Ayuntamiento de Zaragoza reguló en su día la concesión de autorizaciones urbanas específicas y otorgó un cupo de 59 autorizaciones para VTC. De esas 59, apenas vemos trabajando a media docena que cumplan formalmente con la normativa, lleven los distintivos obligatorios y estén localizadas. El resto de las VTC que operan de forma habitual en la ciudad —estamos hablando de unas 250 de manera constante— carecen de esa autorización urbana obligatoria para realizar trayectos que nacen y mueren dentro del término municipal de Zaragoza. Están trabajando de manera ilegal todos los días bajo la impunidad de la falta de controles efectivos.

“Nos dijeron que existía un borrador y ahora nos dicen que nunca existió”

G.T.- Al igual que ocurre en otras capitales, la falta de inspectores y de control policial parece el talón de Aquiles de la normativa. ¿Se sienten desprotegidos?

M.I.- Los taxistas no somos policías ni pretendemos serlo. No es nuestro papel patrullar las calles ni interceptar vehículos, pero sí tenemos la obligación de presionar a los ayuntamientos y a las fuerzas de seguridad para que hagan cumplir la ley. De hecho, cuando hablas con los agentes en privado, te confiesan que cada vez que realizan un control de VTC "se ponen las botas" porque casi todas las que interceptan carecen del permiso urbano preceptivo. El problema es que el control no puede ser un hecho esporádico o depender de la voluntad individual de un agente. Necesitamos un protocolo sistemático. Además, la ley tipifica las causas para la inmovilización de estos vehículos, pero la aplicación práctica es ineficaz. Si la policía detecta una VTC ilegal realizando un servicio urbano, obligan al cliente a bajarse del coche y le notifican una denuncia económica al conductor, pero el vehículo sigue circulando y cometiendo la misma infracción. Nosotros exigimos una medida contundente: el vehículo debe ser retirado en grúa e inmovilizado en el depósito municipal. Solo cuando las plataformas vean que el coche queda retenido y deja de ser rentable de inmediato, empezarán a respetar la normativa.

G.T.- Si el estudio de la Universidad de Zaragoza ya está listo y valida la necesidad de limitar las VTC, ¿por qué la DGA sigue dilatando la redacción de la ley?

M.I.- Sencillamente por una absoluta falta de voluntad política. Con la hoja de ruta que habíamos acordado originalmente, los plazos encajaban a la perfección: el estudio de la Universidad estaría terminado a principios de 2026 para redactar la ley de inmediato sobre esa base científica incontrovertible. El estudio está encima de la mesa, pero la administración autonómica nos dice ahora que no hay borrador y que hay que empezar el proceso normativo desde cero. Eso significa dilatar la solución dos años más.

G.T.- ¿Qué le piden concretamente al Gobierno de Aragón?

M.I.- En primer lugar, que se sienten a negociar de verdad, sin rodeos, con un calendario de trabajo real y con el compromiso político de redactar la nueva ley de transportes de forma inmediata. En segundo lugar, y como medida cautelar imprescindible mientras se tramita dicha ley, queremos que se congelen las concesiones de nuevas autorizaciones de VTC. Otras comunidades autónomas lo han hecho amparándose en motivos de proporcionalidad y ordenación del transporte público. Si el director general de Transportes sigue permitiendo la entrada de más VTC durante los dos años que tardará en tramitarse la ley, cuando queramos aprobarla el sector del taxi ya estará herido de muerte.