“Estamos en una selva en la que quieren acabar con los taxistas”
El sector del taxi de la Comunitat Valenciana atraviesa uno de los momentos más convulsos de su historia reciente. Los profesionales reclaman desde hace meses a la Generalitat Valenciana una regulación clara que limite la actividad urbana de los vehículos de transporte con conductor (VTC), algo que consideran fundamental para preservar el servicio público que prestan. En distintos encuentros mantenidos con el vicepresidente tercero y conseller responsable de Transportes, Vicente Martínez Mus, el sector había arrancado el compromiso de que el Consell regularía la situación mediante un decreto.
La intención inicial del Gobierno autonómico, según trasladaron a las asociaciones del taxi, era dejar claro que las VTC no podían prestar servicios urbanos, reforzando así el papel del taxi como servicio público dentro de las ciudades. Sin embargo, el escenario cambió de forma radical tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) conocida a finales de noviembre.
La resolución judicial respaldaba la actividad urbana de las VTC al considerar que la Ley de Movilidad valenciana de 2019 no ofrecía una justificación suficiente para limitar ese tipo de servicios. En la práctica, según denuncian los taxistas, la sentencia abre un vacío normativo que dificulta cualquier intento de restricción.
“Es una verdadera locura la interpretación del tribunal”, asegura Fernando del Molino, presidente de la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat Valenciana. “La ley de movilidad se modificó en 2019 con el objetivo de reducir la presencia de VTC en zonas urbanas, y ahora resulta que se interpreta que no hay una prohibición suficiente”.
Una liberalización de facto
Para el sector del taxi, esta sentencia supuso un punto de inflexión en un conflicto que ya venía arrastrándose desde hace años. Además, a esta resolución se suma otro elemento clave a la hora de limitar a las VTC: la caída de la ratio 1/30, que establecía que solo podía haber una VTC por cada 30 taxis. Ese límite fue tumbado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en junio de 2023, lo que abrió la puerta a un crecimiento mucho mayor del número de autorizaciones. La combinación de ambos factores dibuja, según los taxistas, un escenario cercano a la liberalización total.
En este contexto, desde la administración, o incluso la policía local, insiste a los taxistas que “no pueden hacer urbano y que van a multar, pero también nos advierten que no van a pagar ninguna multa”, explica Del Molino. “Es otra locura más de las que está sufriendo el taxi en toda España”.
Las cifras que maneja el sector ilustran su preocupación. Actualmente habría alrededor de 1.800 VTC operando en la Comunitat Valenciana, pero el número podría dispararse próximamente si no se aplica una solución vía decreto. Solo en los últimos meses se han solicitado más de 4.000 nuevas autorizaciones. De materializarse ese escenario, el mapa del transporte urbano valenciano podría cambiar de forma radical.
Un decreto en el centro del conflicto
En medio de este escenario de incertidumbre, todas las miradas están puestas en el decreto que prepara la Generalitat Valenciana para regular la convivencia entre taxis y VTC. Según explican desde el sector, el texto que maneja la Conselleria tendría dos objetivos principales. Por un lado, establecer una moratoria que congele la concesión de autorizaciones hasta analizar los miles de solicitudes que se han presentado en los últimos meses. Durante ese periodo, la administración podría elaborar informes sobre cuestiones como el impacto medioambiental, la ocupación del espacio público o la movilidad urbana. Este modelo se ha aplicado ya en otras comunidades autónomas como Baleares o Andalucía.
Pero el punto más conflictivo del decreto es otro: el servicio urbano. “El conseller dijo públicamente que iba a proteger al taxi y limitar el urbano de las VTC”, explica Del Molino. “Pero ahora dice que lo va a hacer con un determinado número de vehículos que sí podrán prestar ese servicio”. Esa propuesta encendió las alarmas en el sector. El responsable de Transportes planteó a los taxistas que propusieran una cifra de VTC que podrían aceptar operando en el ámbito urbano.
La respuesta fue tajante por parte de los taxistas. “Nosotros les dijimos que ninguno”, afirma el dirigente del taxi valenciano. Ante esto, según relata Del Molino, la reacción del conseller fue que, si el sector no proponía una cifra, sería la administración quien la fijaría. “Nos dijo que si no decíamos un número lo iban a fijar ellos y que no nos iba a gustar”.
La huelga del 25 de febrero
La tensión acumulada durante meses desembocó el pasado 25 de febrero en una jornada de paro histórico para el taxi valenciano. Desde las seis de la mañana, miles de profesionales dejaron de prestar servicio durante 24 horas en toda la Comunitat Valenciana. Paralelamente, centenares de vehículos participaron en una manifestación que colapsó durante horas varios accesos a la ciudad de Valencia. La marcha partió de la plaza de España y recorrió algunas de las principales arterias del centro urbano hasta concluir ante el Palau de la Generalitat.
La protesta también contó con el apoyo de taxistas llegados desde otras comunidades autónomas, entre ellas Madrid, que se desplazaron hasta Valencia para respaldar las reivindicaciones de sus compañeros.
Una “selva” en las calles
En este contexto de incertidumbre, los taxistas describen el panorama actual como un escenario sin reglas claras. “El resultado es que estamos viendo cómo vienen VTC de toda España”, denuncia Del Molino. “Es evidente que las de fuera tampoco pueden venir a recoger aquí, pero llega un momento en el que nadie sabe qué y esto se ha convertido en una selva en la que pretenden acabar a los taxistas”.
El problema, según explica, reside en la falta de claridad normativa provoca situaciones difíciles de controlar en la práctica. Las autoridades locales pueden imponer sanciones por determinadas prácticas, pero muchas de esas multas están siendo recurridas por las empresas del sector VTC, lo que retrasa las resoluciones judiciales y genera más incertidumbre.
Si el panorama actual ya preocupa al sector, el futuro inmediato genera aún más inquietud. Las más de 4.000 solicitudes de nuevas autorizaciones VTC presentadas en los últimos meses podrían multiplicar la presencia de estos vehículos en la región. “Ahora mismo el taxi está en proceso de desaparición si no hacen algo”, advierte Del Molino. Según explica, el problema no es solo el número de vehículos, sino el modelo de negocio que representan las plataformas digitales. En las últimas semanas, además, el mercado valenciano ha visto el desembarco de nuevas plataformas con estrategias comerciales agresivas coincidiendo
La batalla por el respaldo ciudadano
En paralelo a las movilizaciones, el sector ha decidido implicar también a los usuarios en su reivindicación. Tras la huelga del 25 de febrero, las asociaciones del taxi valenciano lanzaron una iniciativa online para recabar el apoyo de la ciudadanía.
A través de un formulario disponible en su página web, los usuarios pueden enviar mensajes de respaldo al taxi dirigidos a responsables políticos y autoridades en materia de transporte. La iniciativa permite a los ciudadanos incluir su nombre, correo electrónico e incluso una breve historia personal relacionada con el uso del taxi. El objetivo es que estos testimonios lleguen directamente a los responsables políticos.
Según explican desde el sector, la campaña busca demostrar que el taxi cuenta con un respaldo social amplio como servicio público. “El modelo de taxi regulado ofrece garantías al usuario”, defienden desde las asociaciones promotoras de esta iniciativa.
Mientras tanto, el reloj político sigue avanzando. El conseller de Transportes se reunió el 4 de marzo con representantes tanto del taxi como de las VTC para intentar acercar posturas. Martínez Mus, al cierre de esta edición, prometió otra nueva reunión antes de finalizar el mes de marzo donde comunicaría una decisión que “intentará hacer el menos daño posible a las dos partes”.
Sin embargo, las posiciones siguen siendo muy distantes. “No podemos admitir la legalización de las VTC en las zonas urbanas”, respondieron desde el taxi que no descartaron protestas. En cuanto a esas posibles reivindicaciones, el acuerdo entre las asociaciones del sector es mantener abierta la puerta a las movilizaciones, pero sin fechas concretas, a la espera de grandes eventos. No obstante, la posibilidad de una huelga durante las Fallas está sobre la mesa, aunque el propio sector reconoce que una medida de ese tipo tendría un impacto económico importante para los propios taxistas. “La huelga castiga mucho al taxista y al ciudadano”, reconoce el dirigente.
El futuro del modelo
Más allá del conflicto inmediato, el debate de fondo gira en torno al modelo de transporte urbano que tendrá la Comunitat Valenciana en los próximos años. “Si ahora mismo las 1.800 VTC que hay pudieran trabajar el mismo día en un solo municipio, el impacto urbano sería brutal”, advierte Del Molino, que no entiende cómo los ayuntamientos puedan consentir esto y no participen más activamente en las reivindicaciones del taxi.
“El conseller se está planteando dar autorizaciones a cuatro empresas especuladoras para que puedan hacer servicios urbanos en todos los municipios de la Comunitat, sin hacer ningún tipo de informe de necesidad, ocupación del espacio público, etc. Es una locura total”, advierte Del Molino, que espera que el famoso decreto que prepara la Generlitat preserve el carácter público del servicio de taxi.
Del contenido de esta futura norma dependerá si el taxi logra mantener el modelo regulado que ha caracterizado al sector durante décadas o si, como temen muchos profesionales, se abre la puerta a un escenario de competencia urbana, con reglas distintas, mucho más amplio./TAMBIÉN ES NOTICIA
