El Cabildo mantiene el límite de los transfer en el aeropuerto de Gran Canaria mientras Telde cierra filas con su taxi
La controversia sobre el acceso de los taxis al aeropuerto de Gran Canaria sigue sumando capítulos. Mientras el grupo de gobierno del Cabildo ha decidido mantener, por el momento, el actual límite de 20 servicios mensuales (transfer) para los taxis de municipios distintos a Telde e Ingenio, el Pleno del Ayuntamiento de Telde ha aprobado por unanimidad una moción de apoyo al sector local en defensa de ese modelo de funcionamiento.
Las dos decisiones, conocidas en apenas unas horas de diferencia y adelantadas por Canarias7 y Telde Actualidad, evidencian que el debate está lejos de cerrarse, pese a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anuló el sistema de limitación implantado por el Cabildo al considerar que no estaba suficientemente justificado.
Según publicó Canarias7, el gobierno insular, integrado por Nueva Canarias y PSOE, descarta por ahora ejecutar de forma inmediata la resolución judicial y eliminar el límite de los transfer. La institución entiende que hacerlo de manera automática podría perjudicar el equilibrio del servicio en el aeropuerto y afectar especialmente a los profesionales de Telde e Ingenio, los dos municipios donde se ubica la infraestructura aeroportuaria.
El Cabildo trabaja ahora en la búsqueda de una alternativa jurídica que permita adaptar el modelo a los criterios fijados por los tribunales sin renunciar a un sistema que considera necesario para garantizar la organización del servicio.
Telde respalda a sus taxistas
En paralelo, el Ayuntamiento de Telde aprobó por unanimidad una moción de apoyo al taxi local en la que solicita al Cabildo que mantenga medidas de protección para los profesionales que prestan servicio de forma habitual en el aeropuerto de Gran Canaria.
La sesión dejó además un hecho políticamente significativo. Según informó Telde Actualidad, el Partido Popular votó a favor de la iniciativa junto al resto de grupos municipales, desmarcándose así de la posición defendida por su formación en el Cabildo de Gran Canaria, donde los populares habían reclamado la ejecución de la sentencia y la supresión del límite de los transfer.
Ese respaldo unánime refleja la preocupación existente en Telde por las consecuencias que podría tener una liberalización inmediata del sistema sobre la actividad de los taxistas del municipio, cuya economía depende en buena medida del aeropuerto.
Un conflicto abierto desde hace cinco años
La controversia tiene su origen en el sistema aprobado por el Cabildo tras la pandemia para regular las recogidas previamente contratadas en el aeropuerto por taxis de municipios distintos a Telde e Ingenio.
Ese régimen estableció un máximo de 20 transfer mensuales por licencia para los vehículos autorizados, una limitación que fue recurrida por la Asociación Pro Derechos de los Taxistas Autónomos de Canarias (ASPROTAC).
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Las Palmas estimó el recurso en 2025 y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirmó posteriormente ese fallo al considerar que el Cabildo no había acreditado mediante informes técnicos que la restricción fuera proporcionada y necesaria para alcanzar los objetivos perseguidos.
Pendientes del siguiente movimiento
Con la sentencia ya firme en segunda instancia, el conflicto entra ahora en una nueva fase.
Por un lado, el Cabildo busca una fórmula que permita mantener un modelo de organización del servicio compatible con los criterios marcados por los tribunales. Por otro, el Ayuntamiento de Telde ha querido escenificar un respaldo institucional al taxi local, en una votación que también ha puesto de manifiesto diferencias de criterio entre distintas administraciones e incluso dentro de un mismo partido político.
Todo apunta a que el futuro del servicio del taxi en el aeropuerto de Gran Canaria seguirá marcado durante los próximos meses por la negociación entre administraciones y por la necesidad de adaptar la regulación a las exigencias fijadas por la Justicia, sin perder de vista el equilibrio entre la libre competencia y la organización de un servicio considerado estratégico para la movilidad de la isla.