Las asociaciones se oponen a la obligación de llevar siempre puesto el cinturón

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la modificación del Reglamento General de Circulación y, con ello, ha confirmado el fin de una excepción histórica para el sector del taxi. A partir del próximo 1 de octubre de 2026, todos los conductores de taxi estarán obligados a llevar puesto el cinturón de seguridad durante toda la conducción, sin posibilidad de acogerse a las exenciones que hasta ahora contemplaba la normativa, sobre todo en zonas urbanas.

La reforma, impulsada por el Ministerio del Interior dentro de un paquete más amplio de medidas de seguridad vial, elimina expresamente la exención que afectaba a determinados profesionales del volante, entre ellos taxistas, conductores de vehículos de mercancías y profesores de autoescuela. El objetivo, según el Ejecutivo, es reforzar la protección en carretera y adaptar la regulación a los nuevos modelos de movilidad y a la protección de los usuarios vulnerables.

Sin embargo, en el caso del taxi, la decisión ha encontrado el rechazo de las principales organizaciones representativas del sector, que consideran que la supresión de esta excepción no responde a la realidad operativa de la actividad ni ha tenido en cuenta las particularidades del servicio.

La Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) no tardó en manifestar públicamente su oposición. Su presidente, Julio Sanz, sostiene que la medida ha sido aprobada “sin atender la posición del sector ni las razones que justificaban dicha medida”.

Según explica, Antaxi trasladó su rechazo a la Dirección General de Tráfico desde el inicio del proceso y solicitó la documentación y los datos técnicos que avalaran la eliminación de la exención. Para la organización, la posibilidad de conducir sin cinturón en determinados servicios urbanos respondía a necesidades concretas de seguridad y operatividad.

Razones de seguridad

Sanz insiste en que esa flexibilidad permitía una “rápida capacidad de reacción” frente a atracos y agresiones, una problemática que, según recuerda, afecta cada año a cientos de profesionales del taxi en España. En su opinión, la nueva obligación incrementa la sensación de indefensión, especialmente en servicios nocturnos y en zonas consideradas de mayor riesgo.

Desde Antaxi también subrayan que la actividad del taxi exige constantes movimientos de entrada y salida del vehículo, ya sea para asistir a usuarios, cargar equipajes o facilitar el acceso de personas con movilidad reducida. Para la organización, la obligatoriedad del cinturón puede complicar estas maniobras y alterar la dinámica habitual del servicio.

A ello se suma otro elemento que consideran especialmente preocupante: la imposibilidad de instalar mamparas de seguridad por cuestiones de homologación. En palabras de Sanz, la combinación de ambas circunstancias supone la pérdida de “dos elementos clave de protección” para los profesionales.

Por este motivo, Antaxi reclama la apertura de una mesa de trabajo conjunta con comunidades autónomas, la DGT y los ministerios implicados para estudiar medidas alternativas que permitan reforzar la seguridad del sector. Entre ellas, plantean ayudas para la implantación de cámaras de seguridad u otros sistemas de protección dentro de los vehículos.

Además, la organización ha elevado el tono frente a la tramitación de la reforma. “La exclusión y falta de consideración del sector en esta regulación resultan inaceptables”, asegura Sanz, quien confirma que Antaxi se reserva el derecho a recurrir la modificación del Reglamento General de Circulación por la vía administrativa y jurisdiccional.

Antaxi y Fedetaxi, en contra de la medida

En la misma línea se ha pronunciado la Federación Española del Taxi (Fedetaxi), cuyo presidente, Alberto de la Fuente Miñambres, ha mostrado un rechazo contundente a la medida.

Miñambres afirma que Fedetaxi está “lógicamente en contra” de la obligatoriedad del cinturón en áreas urbanas, al considerar que “pone al conductor de taxi en una situación de riesgo” al reducir su margen de reacción ante situaciones violentas.

Desde Fedetaxi inciden especialmente en el factor tiempo en una posible agresión. Según explica su presidente, la necesidad de desabrocharse el cinturón en una situación crítica puede dificultar tanto la apertura de la puerta como la posibilidad de escapar con rapidez.

La federación española también pone el foco en la propia naturaleza del trabajo diario. Miñambres recuerda que el taxista interrumpe frecuentemente la conducción para ayudar con maletas, recoger paquetes o asistir a personas con movilidad reducida. A su juicio, esa repetición constante de abrochar y desabrochar el cinturón no solo resulta incómoda, sino que puede generar distracciones y afectar a la seguridad vial en calles estrechas y trayectos urbanos.

Fedetaxi, además, cuestiona abiertamente la base técnica de la decisión. Miñambres reclama conocer qué datos maneja la DGT, el Ministerio del Interior o las aseguradoras para justificar el cambio normativo. En concreto, plantea la necesidad de conocer cuántos siniestros con víctimas o lesionados se han producido en taxi por no llevar cinturón en ciudad.

Para esta organización, la ausencia de esa información hace difícil comprender el propósito real de la medida. “Si no hay ningún dato que justifique que los siniestros con lesiones son superiores al resto, ¿qué es lo que se persigue?”, plantea su presidente.

Al igual que Antaxi, Fedetaxi no descarta emprender acciones legales para intentar revertir la supresión de la exención en zonas urbanas. Miñambres asegura que la organización pondrá “todos los medios a su alcance” para defender la continuidad de este régimen especial.

Más allá de las diferencias entre ambas organizaciones, el rechazo en este asunto ha sido coincidente y unánime. Tanto Antaxi como Fedetaxi coinciden en que la reforma ha sido aprobada sin diálogo suficiente con el sector y sin una evaluación específica sobre las implicaciones operativas y de seguridad que tendrá para miles de taxistas.

Con la entrada en vigor prevista para el 1 de octubre de 2026, el taxi afronta así un nuevo cambio regulatorio que modifica una práctica histórica y que reabre el debate sobre cómo equilibrar la seguridad vial con la seguridad personal del conductor. En los próximos meses, el sector buscará abrir vías de negociación o, en su defecto, explorar el camino jurídico para intentar revertir una decisión que considera lesiva para sus intereses y para las condiciones de prestación del servicio./TAMBIÉN ES NOTICIA