El Ayuntamiento indica que los exámenes del taxi son de su potestad y su suspensión no requiere resolución
La polémica en torno a los exámenes de acceso a la profesión de taxista en Madrid continúa. Cabe recordar que, desde el pasado mes de julio, el Consistorio decidió suspender la asignación de citas para poder examinarse y que, tras el verano, únicamente se han celebrado las pruebas que ya estaban programadas antes del parón anunciado el 23 de julio.
En concreto, el 10 de octubre fue el último día en el que se realizaron exámenes de acceso a la profesión. Desde entonces, no ha vuelto a haber convocatorias. Según diversas fuentes —aunque sin confirmación oficial—, este bloqueo podría estar relacionado con la incorporación a la nueva Ordenanza del requisito de poseer el título de ESO como condición obligatoria para acceder al taxi, o de una “acreditación de conocimientos equivalentes”. Esta modificación, poco desarrollada en el texto normativo al ser incluida en el último Pleno en el que se aprobó la Ordenanza, podría estar detrás del parón en la asignación de citas.
Sin embargo, a medida que pasan los días y las semanas, crece el número de personas afectadas. Desde las academias de formación, como ECartilla, se solicitó información al Ayuntamiento con una petición concreta: conocer quién había tomado la decisión de suspender las citas y disponer de la resolución firmada que lo acreditara.
La respuesta del Consistorio ha sido contundente: la organización de los exámenes del taxi forma parte de su potestad de gestión y ordenación del servicio, y no requiere ninguna resolución formal.
Por lo tanto, la publicación en el portal web del Ayuntamiento de Madrid, fechada el 23 de julio y en la que se anunciaba la suspensión de la asignación de citas, no necesita —según el Consistorio— resolución alguna. Además, desde el Ayuntamiento insisten en que comunicaron la suspensión por correo electrónico a los posibles afectados, incluidas las academias de formación.
Por otro lado, ECartilla solicitó también que se pusiera en copia de esta situación al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, tanto del escrito de solicitud de información como de la respuesta, indicando el número de registro de entrada en la oficina del Defensor del Pueblo. Ante ello, el Ayuntamiento ha respondido que en ningún caso está previsto que sea la propia administración quien, tras la solicitud de un ciudadano, deba remitir esta información al Defensor del Pueblo.
Tras esta declaración de capacidades por parte del Ayuntamiento, falta por saber ahora si las partes afectadas aceptan o no que la decisión de suspender la asignación de citas pueda hacerse norma con la simple publicación de una nota informativa en la web oficial del Consistorio./TAMBIÉN ES NOTICIA
