“No permitiremos que se desmantele el servicio público del taxi”
Élite Taxi Andalucía denuncia que el Decreto-ley publicado ayer por la Junta de Andalucía carece de transparencia y no ha contado con la participación del sector. A través de un comunicado acusan al Gobierno andaluz de abuso de mayoría y de desprecio al taxi como servicio público.
La asociación recuerda que ya en enero presentaron alegaciones al borrador de decreto, que consideran una “mofa”, al limitarse a recoger criterios medioambientales poco ambiciosos, que además no se aplican a los vehículos eléctricos. Por ese motivo han solicitado que se establezcan criterios medioambientales más exigentes y que se complementen con otros como la gestión del tráfico, del transporte y del espacio público urbano.
Élite Taxi alerta de que la Junta está evaluando la concesión de 1.373 nuevas autorizaciones, que se sumarían a las 3.713 ya existentes, concentradas principalmente en Sevilla, Málaga y Granada. Consideran que esto es solo el inicio de una expansión masiva que pondrá en riesgo el equilibrio del transporte urbano en Andalucía. En este sentido, no se creen que este aluvión de solicitudes haya pillado de sorpresa a la administración, ya que incluso ellos mismos avisaron a los responsables de la Junta de la avalancha de solicitudes.
En el comunicado también la asociación cuestiona duramente el sistema de capacitación de conductores de VTC previsto, criticando las intenciones de la Junta para que quienes lleven ya dos años condiciones este tipo de vehículos queden exentos del nuevo certificado, y que los nuevos tengan dos años de oportunidad para obtenerlo.
Con respecto al informe que elaborará la Junta y al cuál quedará condicionada la concesión de VTC, desde Élite Taxi Andalucía dudan que se pueda realizar un informe técnico serio en solo dos meses y justo en pleno verano, y temen que se trate de un “despiste premeditado” para seguir favoreciendo a las grandes plataformas.
El portavoz de Élite Taxi Andalucía, Rafael Baena, asegura que este Decreto vendría a “concluir con la labor” que comenzaron en 2022 con el polémico Decreto-Ley 8/2022, que generó multitud de protestas del taxi andaluz, al regular a espaldas del sector y no recoger ninguna de sus propuestas dirigidas a la protección del servicio público. Ese texto, conocido como el “decretazo de Carazo”, concedió “barra libre” a estas grandes empresas, modificando la normativa de transportes en su beneficio, habilitando a las VTC andaluzas para seguir prestando servicios urbanos, algo contrario a lo que dictaba la norma nacional.
La organización ha anunciado que no permitirá “que se desmantele el servicio público del taxi” y que luchará contra este modelo “depredador”. Enmarca esta política dentro de un proceso más amplio de deterioro de los servicios públicos en Andalucía, como la sanidad y la educación./TAMBIÉN ES NOTICIA
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