El juez rebaja las restricciones a la “mafia del taxi” en el aeropuerto
El juez que instruye la causa contra los 26 taxistas imputados por su presunta pertenencia a la denominada mafia del taxi ha decidido suavizar las medidas cautelares que pesaban sobre ellos desde enero, cuando se desarrolló la operación Aertase. El magistrado Sergio Escalona, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, ha dictado un auto que les permite acceder al aeropuerto de San Pablo únicamente para realizar la descarga de pasajeros previamente recogidos fuera del aeródromo. El resto de restricciones continúa en vigor.
Según informó Diario de Sevilla, medio que también tuvo acceso al auto judicial, el juez ha autorizado este acceso limitado a los investigados, que hasta ahora tenían prohibida cualquier aproximación a menos de 500 metros de las instalaciones aeroportuarias. La resolución subraya que esta excepción solo se aplica a la zona de descarga y exclusivamente a clientes recogidos fuera del aeropuerto, manteniéndose todas las demás prohibiciones adoptadas en enero.
La decisión judicial ha sido bien recibida por la defensa de los taxistas. El abogado Simón Fernández Rebollo, del bufete Constitución 23, destacó en declaraciones recogidas por el citado medio que se trata de “un paso más hacia la solución del conflicto entre asociaciones de taxistas” y una muestra de que la convivencia en el sector “es posible”. El letrado también valoró que la medida cuenta con el apoyo de la Fiscalía, pese a la oposición del resto de las partes personadas en la causa.
En su auto, el juez justifica la flexibilización de las medidas por el tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación, el estado de la instrucción —“prácticamente finalizada”— y la ausencia de incidentes en el cumplimiento de las restricciones. No obstante, recuerda la gravedad de los hechos investigados y mantiene la prohibición de acceder al resto de las instalaciones o acercarse intencionadamente a las mismas, salvo en el supuesto concreto de descarga de pasajeros, algo que considera “adecuado y proporcionado”.
La investigación se centra en la presunta actividad del denominado grupo de taxistas del aeropuerto, integrado por miembros de la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi, incluida su junta directiva. Según el juez, existen indicios de que los imputados se organizaron para monopolizar el servicio en San Pablo, utilizando amenazas, coacciones y daños contra otros profesionales del sector. A los investigados se les imputan delitos de amenazas, coacciones, daños y pertenencia a organización criminal, con penas que podrían alcanzar los ocho años de prisión./TAMBIÉN ES NOTICIA
