El taxi reclama el rechazo de cerca de 10.000 VTC para evitar una “hecatombe”
El pasado mes de diciembre se confirmaron los peores temores del sector del taxi. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) instó al Govern a tramitar 600 autorizaciones de vehículos de transporte con conductor (VTC) que habían sido denegadas durante la anterior legislatura, al cuestionar el tribunal el criterio de denegación por una posible arbitrariedad.
La situación, sin embargo, no se limita a esas 600 autorizaciones. Según los cálculos del sector, existen otros lotes de solicitudes que podrían elevar la cifra total hasta cerca de 10.000 VTC en Baleares, de las cuales unas 3.500 corresponderían a Mallorca y alrededor de 6.500 a Ibiza. No obstante, hace aproximadamente un mes el Govern anunció su decisión de recurrir la sentencia del TSJIB, al considerar que se trata de una resolución injusta que pone en riesgo la supervivencia del sector del taxi.
En el día de ayer, la Federación Independiente del Taxi de Baleares, encabezada por su presidente, Gabriel Moragues, mantuvo una reunión con la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo. Durante el encuentro, los representantes del taxi insistieron en la necesidad de rechazar estas cerca de 10.000 autorizaciones VTC, al entender que su concesión supondría “una hecatombe” y provocaría la “quiebra absoluta de todos los medios de transporte en las islas”.
Conviene recordar que, al igual que ha ocurrido en otros territorios como Madrid, la sentencia judicial obliga a la administración balear a tramitar las autorizaciones, aunque ello no implica necesariamente su concesión. En el caso de la capital, pese a que los lotes solicitados rondaban también las 10.000 autorizaciones, la Comunidad de Madrid se ha limitado por el momento a conceder alrededor de 800.
Aun así, el sector del taxi mantiene su preocupación ante una posible avalancha de VTC. Moragues advirtió de que la llegada de miles de nuevas autorizaciones haría “insostenible” el modelo balear desde el punto de vista “económico, viario y ambiental”. Además, denunció que detrás de estas solicitudes existe “una mafia” que especula con un bien público como es una autorización de transporte y afirmó que “no se entiende que la Fiscalía General del Estado no haya intervenido”./TAMBIÉN ES NOTICIA
