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21/11/2020

"El cumplimiento de la ley debe hacerse en todas las ocasiones, también en el taxi"


Ignacio Castillo, conocido dentro y fuera del sector como Peseto Loco, llegó al taxi hace 10 años. Hijo de taxista, decidió comprar su licencia cuando perdió su trabajo, casualidades de la vida, como conductor de un vehículo para TVE “cuando no existía nada de Uber”. Divorciado y padre de una niña, no dudó en hacerse titular de una licencia de taxi, aunque era algo que nunca había entrado en sus planes, “yo estudié diseño gráfico y a mi padre siempre le decía que no estaba interesado en el taxi. Cuando me decidí, me saqué la cartilla en dos semanas”. 

 

Una década después, Castillo copaba titulares y se convertía en trending topic tras saltar del taxi a los medios generalistas. “Gente que no te conoce de nada, de repente te enteras de que te odia”. Ahora, “más Ignacio Castillo que Peseto Loco”, preside la Plataforma Caracol con la que espera acabar con la espiral de explotación que se vive en el sector. Un discurso “muy poco populista” pero que cree necesario para rentabilizar al máximo el taxi.

 

La Gaceta del Taxi.- ¿Qué le lleva a presentarse a presidir la Plataforma Caracol?  

Ignacio Castillo.- Nuestro objetivo es cargarnos el taxi tal y como lo entendemos a día de hoy, acabar con la espiral de explotación a la que nos están obligando a entrar cuatro listos que viven del taxi sin trabajarlo. No es normal que hayamos normalizado esta situación que además conlleva a que nuestra profesión deje de ser atractiva, lo que repercute en el precio de las licencias. Cuando vendes una licencia estás pidiéndole a alguien que hipoteque su vida, que ponga su patrimonio en juego para entrar en una profesión en la que trabajas 16 horas al día, porque también los autónomos somos esclavos de nosotros mismos. Y todo esto mientras los asalariados disfrutan de los mismos derechos aunque en realidad incumplen el estatuto de los trabajadores y el convenio. 

 

G.T.- ¿Y qué pasa con la competencia, se preguntarán muchos? 

I.C.- Consideramos que el cumplimiento de la ley en materia laboral debe hacerse en todas las profesiones y sectores, también en el taxi. No podemos ir en nuestras manifestaciones ,en nuestras pancartas, con el lema “que se cumpla la ley” cuando estamos incumpliendo el estatuto de trabajadores, que es lo más básico. Porque sabemos que con un conductor trabajando ocho horas al día, no es rentable para el titular de la licencia. Pero si para que tu negocio sea rentable tienes que incumplir las leyes, o te buscas otro sistema o cambias de negocio. No es normal que una minoría nos tenga a todos de rodilla. En este sentido, para mí la AMT es un espejo en el que mirarme, el espejo contrario. Es una asociación que sin ser mayoritaria es la más efectiva, de largo porque tienen claro cuál es su camino, cuáles son sus intereses y les da igual lo que les llamen. Ellos van a defender sus intereses y lo consiguen, y ese debe ser también nuestro objetivo.

 

G.T.- Plataforma Caracol nace como herramienta de presión en la calle, ¿cómo da el salto al asociacionismo?

I.C.- En 2017 Cabify consiguió una parada interior en la Feria de Arco y como no se podía denunciar, porque era un espacio privado, empecé a organizar gente para hacer una caracolada con la que pretendía colapsar las inmediaciones de IFEMA. Lo que ocurrió es que al final no hizo falta porque se solucionó, se filtró y salió en todos los medios. A raíz de ahí se mantuvo el grupo y una cosa fue llevando a la otra. Realmente nos constituimos como asociación por una cuestión burocrática, para tener figura jurídica para nuestro programa de radio

 

G.T.- ¿Cuánta gente es socia de la Plataforma?

I.C.- Somos unos 150, aunque hemos perdido socios con la pandemia y la huelga del pasado año. Pero llegamos a ser 300 después del verano de 2018, cuando paralizamos la Castellana. Ahí también nos dimos cuenta de que era muy difícil conseguir nuevos socios, porque las asociaciones grandes cuentan con sus gestorías, que atraen a muchos socios. Y aunque muchos nos mostraban su apoyo, seguían en sus organizaciones. Pero aunque somos pocos, vamos a sacarle provecho a la radio para poder financiar nuestros procesos judiciales y fuera. 

 

G.T.-¿En la plataforma solo hay titulares de licencia?

I.C.- Vamos a hacer próximamente una asamblea extraordinaria en la que uno de los puntos del orden del día va a ser es la posibilidad de que solo los titulares puedan ser socios, si bien queremos crear la figura del socio colaborador para que aquellos asalariados que están de acuerdo con nuestro mensaje, que los hay, puedan colaborar. Ellos son el puente entre la Plataforma y UCAT, la Unión de Conductores Asalariados del Taxi, con quien estamos trabajando. 

 

Porque no estamos en contra del asalariado, estamos en contra del asalariado que incumple la ley, y él debería ser el primer interesado en hacer cumplir sus derechos. Pero claro, yo velo por los míos y todos los servicios que hace un asalariado a partir de la hora número 40 de cada semana son servicios que legalmente no puede hacerlos. A mí me da igual que me robe un taxista o un coche negro. Al final están perjudicando mi calidad de vida. 

Además, muchos no entienden que los clientes de las VTCs no los usan porque falten taxis, sino porque el cliente quiere usar ese servicio. Por desgracia no faltan taxis, no tenemos ese problema. La supervivencia se basa en hacer tu negocio rentable. Llevo diez años metido en un coche desde que compré la licencia, me hipotequé y estoy metido en un coche todo el día. No queda otra opción, pero en algún momento hay que cortar esa espiral. 

 

G.T.- ¿Y cómo cree que se puede atajar ese problema? 

I.C.- Tenemos preparadas denuncias masivas. El mes que viene tenemos una reunión con la Ministra de Trabajo. Vamos a ir por la vía judicial, por inspección de trabajo, hacienda, fraude fiscal… En Canarias, por ejemplo, piden 10 años de prisión a varios floteros. 

 

G.T.- ¿No es difícil demostrar este incumplimiento sin la colaboración del propio asalariado?

I.C.- Cuando son casos aislados, sí necesitas al trabajador, pero cuando se trata de denuncias masivas, como en este caso que vamos a presentar más de 3.000 denuncias, al venir de varias asociaciones, Inspección de Trabajo tiene que entrar a inspeccionar. Esa es la jugada. También vamos a ir al Ayuntamiento, a recordarle que es el regulador y que es su responsabilidad y si no también va a pagar consecuencias, porque estamos ante una dejación de funciones. El tema judicial va a ir por el tema administrativo, laboral y penal. Sé que es un discurso muy poco populista, porque hasta el propio asalariado, en su mayoría, prefiere estar explotado.

 

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