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Taxistas denuncian que su facturación ha caído un 35% por la “actividad ilegal” de Bolt

Señal de taxi Más imágenes en Depositphotos España.

El sector del taxi en Toledo atraviesa una situación que sus representantes califican de “crítica”. La facturación se ha reducido un 35% en apenas seis meses, coincidiendo con el desembarco de plataformas como Bolt el pasado verano, según ha denunciado Manuel Madruga, secretario general de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), que alerta del riesgo de desaparición de un servicio público esencial si no se actúa con rapidez.

Tal y como recoge El Español de Castilla-La Mancha, Madruga expone que la operativa de las VTC en la ciudad se estaría realizando en una “presunta ilegalidad” por la ausencia de una normativa regional que autorice trayectos urbanos. En ese vacío legal, recuerda, sigue vigente el denominado “Decreto Ábalos”, que limita la actividad de estos vehículos al ámbito interurbano.

Desde Fedeto sostienen que la falta de control ha favorecido una penetración irregular de estas plataformas que está hundiendo al sector. La patronal ha propuesto al Ayuntamiento la creación de una patrulla específica de la Policía Local dedicada exclusivamente a vigilar y sancionar el transporte irregular, ante lo que consideran una permisividad incompatible con la defensa de un servicio de interés general.

Uno de los datos que más inquietud genera es el volumen de actividad frente al bajo número de sanciones. Según declaraciones de la propia directiva de Bolt, se habrían realizado unos 60.000 servicios en un semestre, mientras que solo constan unas 200 multas. “Si mañana abro una farmacia sin licencia, me la cierran en diez minutos. ¿Por qué aquí se permite que campen a sus anchas?”, cuestiona Madruga al citado medio.

El dirigente empresarial subraya además la diferencia entre el modelo regulado del taxi, con tarifas visadas por dos administraciones, y el sistema de precios dinámicos de las VTC, que puede disparar el coste de trayectos esenciales. Fedeto ha remitido informes jurídicos a la Junta, al Ayuntamiento y a la Policía Local para exigir el cumplimiento de la ley y no descarta adoptar medidas propias si no hay una intervención “contundente”. “En el momento en que perdamos el taxi, estamos perdidos”, concluye./TAMBIÉN ES NOTICIA

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