Los ayuntamientos seguirán regulando las licencias de taxi y las VTC
Los ayuntamientos de la Región de Murcia mantendrán la competencia para regular las licencias de taxi y de vehículos de transporte con conductor (VTC), después de que la Asamblea Regional haya rechazado el proyecto de ley que pretendía modificar la actual normativa autonómica. La votación, que contó con el apoyo de Vox y el rechazo de PP, PSOE y Grupo Mixto, mantiene en vigor el decreto-ley aprobado el pasado junio y convalidado por la Cámara durante el verano.
Aquel decreto-ley, impulsado por el Gobierno regional y respaldado de forma “prácticamente unánime”, habilitaba a los municipios a ordenar la actividad de taxis y VTC en su ámbito urbano. La norma surgió para llenar el vacío legal dejado por la legislación estatal, que limitaba a los VTC al transporte interurbano sin una base clara para operar en ciudad. El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, destacó entonces que el nuevo marco normativo “garantiza reglas claras, sostenibles y coherentes con la planificación urbana”, además de permitir a los ayuntamientos establecer restricciones basadas en criterios medioambientales o de congestión viaria.
El decreto fija una regulación básica que los consistorios deberán desarrollar mediante ordenanzas municipales en un plazo de dos años. Durante ese tiempo no se concederán nuevas autorizaciones interurbanas, aunque las ya existentes podrán seguir prestando servicio dentro del municipio donde estén domiciliadas. Entre las medidas más destacadas figuraba la limitación del precio final en momentos de alta demanda, que no podría duplicar el importe ordinario ofertado por las empresas, con el objetivo de proteger a los usuarios y evitar abusos.
La votación celebrada esta semana en la Asamblea murciana ha ratificado de hecho este modelo, al no prosperar la modificación legislativa planteada por Vox. El texto rechazado pretendía introducir cambios en la Ley 10/2014 del Taxi, pero su caída mantiene vigente el decreto-ley 2/2025, que otorga a los ayuntamientos la competencia para fijar el número y las condiciones de las licencias. Durante el debate, los grupos de la oposición coincidieron en criticar que el Ejecutivo regional haya “dejado en manos de los municipios” la regulación del sector, mientras que el PP defendió que el modelo actual “garantiza el equilibrio, la estabilidad y la movilidad sostenible”.
Según recoge Murcia Plaza, el diputado popular Antonio Landáburu subrayó que el decreto “nació del diálogo con el sector del taxi, las VTC, los ayuntamientos y los consumidores”, y aseguró que “protege la autonomía municipal y la convivencia equilibrada entre ambos servicios”. En cambio, el socialista Miguel Ángel Ortega acusó al Gobierno regional de “eludir su responsabilidad” y de “dejar el futuro del taxi en manos de los ayuntamientos”, recordando que su grupo propuso conceder nuevas licencias con criterios medioambientales y de accesibilidad, “todas ellas rechazadas”.
Desde Vox, Ignacio Arcas calificó el decreto de “chapuza normativa” y advirtió de que “va a generar 45 regulaciones distintas en la Región”, reclamando que la Comunidad Autónoma fije un marco común “como ya ocurre en Madrid”. En la misma línea crítica, el portavoz del Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos (Podemos-IU-AV), denunció que la norma “mercantiliza un servicio público esencial como el taxi” y “deja en manos del mercado lo que debe ser gestionado por la Administración”.
Con esta decisión, la Región de Murcia mantiene un modelo descentralizado en el que los ayuntamientos asumen la responsabilidad directa sobre la ordenación del transporte urbano de taxi y VTC, a la espera de que cada municipio defina sus propias ordenanzas en los próximos dos años./TAMBIÉN ES NOTICIA