Taxistas recurren a la última reforma de la Ley del Seguro y evitan subidas abusivas
La última reforma de la Ley del Contrato de Seguro ya está teniendo efectos prácticos en el sector del taxi. El cambio normativo aprobado en el Congreso de los Diputados ha comenzado a ofrecer herramientas reales a los profesionales para hacer frente a las fuertes subidas de sus pólizas.
Hay que recordar que en julio del pasado año, después de un largo periodo de reivindicaciones, el Congreso de los Diputados aprobó una reforma clave en los seguros que introdujo una batería de medidas específicas para los vehículos autotaxi a través de una disposición adicional. El objetivo era frenar las acusadas subidas que venían soportando los taxistas, que en algunos casos llegaban a poner en riesgo la continuidad del servicio.
Los profesionales del taxi vieron —y siguen viendo— cómo el precio de sus pólizas se disparaba, especialmente en determinadas zonas del país. De abonar en torno a 1.000 euros en 2024, algunos casos extremos llegaron a alcanzar los 10.000 euros en 2025, sin que las aseguradoras ofrecieran explicaciones claras.
Con la aprobación de la reforma, impulsada por la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi), las aseguradoras quedaron obligadas a justificar con antelación cualquier incremento de la prima, detallando los motivos de forma personalizada y permitiendo así a los taxistas revisar sus contratos con mayor transparencia.
La nueva regulación, ya en vigor en 2025, obliga a las aseguradoras a proporcionar al tomador del seguro información clara, comprensible y accesible, ya sea por escrito o en soporte electrónico duradero, antes de la contratación o renovación. Esta información debe incluir los factores objetivos de riesgo utilizados para calcular la prima, así como las condiciones en las que la compañía puede resolver el contrato o negarse a prorrogarlo.
Además, con al menos dos meses de antelación al vencimiento del contrato, la aseguradora debe comunicar por escrito el importe de la prima de renovación, acompañado de un desglose de sus componentes y una comparación con el periodo anterior. También debe incluir una referencia entre el coste de los siniestros considerado y la siniestralidad media de los vehículos autotaxi asegurados por la entidad.
La ley establece igualmente que las aseguradoras deben tener en cuenta las certificaciones de antecedentes siniestrales tanto en la suscripción como en la renovación del contrato. Estas políticas deben publicarse en la web de la entidad en forma de sinopsis general, indicando cómo se utilizan dichos antecedentes en la fijación de precios.
Casos de 2026 resueltos con éxito
A la luz de esta legislación, según ha podido saber La Gaceta del Taxi, ya se han registrado casos en los que una aseguradora ha aplicado subidas injustificadas o ha incumplido el plazo de preaviso establecido, lo que ha obligado posteriormente a realizar reembolsos al profesional afectado por vulnerar la normativa.
Desde la Federación Profesional del Taxi de Madrid señalan que han gestionado ya cerca de una decena de casos resueltos de forma favorable para los intereses de los taxistas. La asociación recuerda la importancia de que el profesional conozca sus derechos: la aseguradora debe informar con dos meses de antelación y justificar de forma personalizada cualquier incremento en el precio de la póliza.
Los taxistas que han acudido a la asociación y han iniciado este tipo de reclamaciones han comprobado que, en algunos casos, se ha logrado frenar subidas que no estaban suficientemente justificadas o que se habían comunicado sin respetar el plazo mínimo exigido.
¿Qué más obligaciones incluye la reforma para las aseguradoras?
Es importante recordar que, en base a la reforma de julio de 2025, en el supuesto de que un titular de licencia de autotaxi no consiga contratar un seguro en el mercado, podrá recurrir al Consorcio de Compensación de Seguros, que estará obligado a asumir la cobertura de responsabilidad civil obligatoria sin posibilidad de oponerse a su renovación, dentro de los límites legales. Esta garantía se fundamenta en la consideración del taxi como servicio público.
Por otra parte, todas las entidades que diseñen productos aseguradores específicos para el taxi deben incorporar en sus políticas internas aspectos como el procedimiento de fijación del precio, la relación de factores de riesgo, los costes y gastos incluidos, así como mecanismos que aseguren que el producto sigue respondiendo a las necesidades del asegurado en cada renovación. Estas políticas deben estar disponibles para la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que podrá requerirlas en cualquier momento.
Asimismo, la Dirección General debe elaborar y publicar anualmente un informe sobre el estado del aseguramiento del taxi, con datos provinciales sobre primas medias —diferenciando entre renovaciones y nuevas altas, así como entre vehículos eléctricos y convencionales—, tasas de siniestralidad, primas medias en casos de alta y baja siniestralidad, número de aseguradoras que ofrecen cobertura, volumen de primas anuales y volumen de aseguramiento asumido por el Consorcio./TAMBIÉN ES NOTICIA