Licencias de taxi en Murcia: UGT denuncia vetos por VIH en 13 ayuntamientos

UGT afirma que trece ayuntamientos de la Región impiden, por ordenanza, que una persona con VIH (u otra enfermedad infecto-contagiosa) pueda acceder a una licencia de autotaxi o trabajar en el servicio. Algunas de esas normas se aprobaron o ratificaron en los últimos diez años. Es decir, textos que han pasado por plenos municipales hace nada. 

Según la información difundida por el sindicato, Lorca, Molina de Segura, Alcantarilla, Torre Pacheco, Caravaca de la Cruz, Los Alcázares, Mula, Abarán, Albudeite, Blanca, Cehegín, La Unión y Totana  son los municipios señalados. 

UGT sostiene que, en muchos casos, ha habido un copia y pega de ordenanzas antiguas, incluso inspiradas en normas estatales de finales de los 70 que ya no encajan con la realidad sanitaria, laboral y legal actual.

Por qué el VIH no es motivo para excluir a nadie

Desde UGT, su secretaria general Paqui Sánchez, que es además doctora, insiste en que el VIH no se transmite por vía respiratoria y tampoco por saliva. En la práctica, el contagio requiere situaciones muy concretas (sangre con carga viral mediante cortes o pinchazos, consumo de drogas por vía parenteral y prácticas sexuales de riesgo; con matices en etapa perinatal). 

“Esta injusticia tiene que terminar ya. No puede ser que una persona que se infectó con VIH, que sigue un tratamiento farmacológico antirretroviral y que, en consecuencia, ni puede transmitir el virus, ni se le detecta carga viral en un análisis de sangre, ni nunca va a desarrollar la enfermedad del sida; sin embargo, no pueda trabajar por cuenta propia o ajena como taxista”, ha defendido la líder ugetista.

Además, el sindicato pone el foco en un punto que algunas ordenanzas parecen ignorar: una persona con tratamiento antirretroviral puede llegar a tener carga viral indetectable y no transmitir el virus. Y aun así, por el texto de una norma municipal, podría quedar fuera del sector. 

UGT aprieta y el foco se pone en los ayuntamientos

Reclamación al Defensor del Pueblo y base legal

UGT ha movido ficha por dos vías: una reclamación ante el Defensor del Pueblo y cartas formales a las alcaldías de los municipios afectados. La idea es forzar una revisión de los reglamentos locales para que no haya un veto por diagnóstico, sino criterios razonables ligados a la capacidad real de ejercer el trabajo.

El sindicato argumenta que estas prohibiciones chocan con el principio constitucional de igualdad y con la ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación (2022). En paralelo, UGT recuerda que organismos como la OMS y la OIT piden no excluir del empleo a las personas con VIH y critican la exigencia de serologías como condición general. Ese tipo de pruebas, dice el sindicato, solo tendría sentido en trabajos con procedimientos invasivos y exposición específica, no en el taxi.

Quién responde y qué cambios se piden

De los trece consistorios señalados, UGT afirma que solo Los Alcázares y Abarán han contestado y se han comprometido a modificar el texto. 

¿Y qué redacción plantea UGT como alternativa? Una fórmula parecida a la que ya usan municipios como Murcia y Cartagena: no padecer enfermedad o impedimento físico o psíquico que imposibilite o dificulte el normal ejercicio de la profesión. 

UGT, además, enlaza esta batalla con otra que va en la misma dirección: la reforma autonómica para el acceso a policía local, que eliminaría barreras también para personas con diabetes, celiaquía, psoriasis y otras enfermedades. De hecho, desde 2019 ya se permite el acceso a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a personas con VIH y otras patologías que antes se usaban como excusa. Si eso puede cambiar en cuerpos policiales, no entienden el veto en el taxi.