La disparidad de criterios ante Uber mantiene en alerta al taxi
El abordaje institucional a la actividad de Uber en Euskadi evidencia diferencias entre territorios, con Donostia pendiente de resolver un bloqueo administrativo que presuntamente le impide sancionar servicios urbanos, mientras Bilbao se prepara para intensificar los controles sobre taxis y vehículos VTC en sus calles.
Según informa El Diario Vasco, el Ayuntamiento de San Sebastián continúa analizando cómo proceder ante la actividad que considera irregular por parte de Uber, que desde hace mes y medio realiza trayectos urbanos —con origen y destino dentro de la misma ciudad— pese a operar con licencias interurbanas.
El consistorio donostiarra ha defendido hasta ahora que su capacidad sancionadora se limita a infracciones de tráfico, como el uso indebido de carriles bus o paradas de taxi, pero no a la propia actividad del servicio. Ante esta limitación, solicitó a la Diputación de Bizkaia, administración que emitió las autorizaciones VTC que operan en Gipuzkoa con Uber, que asumiera la responsabilidad de sancionar estos servicios.
Sin embargo, la negativa de la institución foral vizcaína, que argumenta que las posibles infracciones no se cometen en su territorio, ha devuelto la cuestión a Gipuzkoa, generando un escenario de indefinición competencial que, por el momento, impide actuar contra estos servicios urbanos de Uber en Donostia.
En contraste, el Ayuntamiento de Bilbao ha anunciado que su Policía Municipal llevará a cabo esta misma semana una campaña de control sobre taxis y VTC, siguiendo una línea de actuación más directa. Entre junio y diciembre de 2025 ya se realizaron 39 controles y 59 inspecciones, y el último operativo, en febrero, se saldó con una veintena de denuncias a VTC y una sanción a un taxi.
Una tregua desde el taxi
En este contexto, hay que recordar que el sector tenía previsto movilizarse el pasado 26 de marzo, pero finalmente aplazaron las movilizaciones a la espera de que las administraciones adoptasen medidas efectivas. Los profesionales optaron entonces por conceder un margen de confianza institucional, aunque mantuvieron su exigencia de que se garantice el cumplimiento de la normativa vigente, especialmente en lo relativo a los trayectos urbanos que, insisten, los vehículos VTC no tienen autorizados./TAMBIÉN ES NOTICIA