La nueva Ley del Taxi, un “instrumento de protección corporativa del taxi”
El informe jurídico sobre la Ley del Taxi, realizado por Fundación Bosch i Gimpera de la Universidad de Barcelona, solicitado por UNAUTO-VTC, concluye que la nueva Ley, que comienza su trámite parlamentario este miércoles 11 de marzo, es incompatible con el Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Según los autores, el texto “no busca una regulación equilibrada”, sino que pretende "blindar" disposiciones que ya han sido declaradas contrarias al Derecho Europeo, elevándolas al rango de ley para dificultar y retrasar su impugnación judicial. El informe, publicado a principios de este año, antes de conocerse la enmienda que pretende transformar las VTCs en taxi de manera temporal, sostiene que la ley establece distinciones ficticias y arbitrarias entre el taxi y las VTC. Considera como “lo más grave” calificar al taxi como un Servicio de Interés Económico General (SIEG) y a las VTC no, con el único fin, señala, “de justificar un régimen de privilegios para el taxi y restricciones para su competencia”.
El alerta también de que el régimen de autorizaciones planteado dejaría a las VTC en un papel residual: solo podrían operar cuando el taxi no alcance a cubrir la demanda. Ese diseño, sostiene el documento, supone una restricción de la libertad de establecimiento y empuja hacia un monopolio de facto en favor del taxi.
El análisis carga también contra la precontratación obligatoria —con una espera de 10 minutos— y la obligación de retorno al garaje. Las califica de medidas desproporcionadas, contrarias a la competencia y, en algunos supuestos, ya cuestionadas por la vía constitucional.
El texto subraya que el retorno al garaje no solo impacta en el mercado. También tendría un coste ambiental: forzaría, según el informe, miles de trayectos sin pasajeros, con el consiguiente aumento de emisiones y circulación innecesaria.
La advertencia final apunta al frente judicial. Aprobar una norma con esas debilidades jurídicas podría abrir la puerta a reclamaciones por responsabilidad patrimonial contra la Administración, al considerar que se privaría a las empresas de VTC del ejercicio de su actividad económica sin justificación suficiente.