Un error de la Generalitat libra a Cabify y otras empresas de VTC de multas de más de 500.000 euros
Un error en la tramitación de los expedientes por parte de la Generalitat ha permitido que Cabify y otras empresas vinculadas al servicio de vehículos de transporte con conductor (VTC) queden exentas del pago de unas sanciones que superaban los 500.000 euros. La Inspección de Trabajo había acreditado presuntamente irregularidades en la contratación de personal a través de terceras empresas, pero una demora en la tramitación de los expedientes habría provocado que las compañías pudieran dejar de hacer frente a las multas. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha estimado los recursos presentados por las sociedades mercantiles y ha fallado a su favor, aunque todavía faltan por conocerse los detalles de las resoluciones.
La actuación de la Inspección de Trabajo se conoció el 24 de marzo de 2021, cuando se comunicó una propuesta de sanción que afectaba directamente a Cabify y a algunas de sus empresas colaboradoras. Según el comunicado difundido al día siguiente por Taxi Project 2.0, las sanciones propuestas ascendían a 431.275 euros para Cabify, 243.745 euros para cada una de las empresas de transporte López Rubio y Proinvertia, y 60.000 euros para la empresa de trabajo temporal JT Hiring.
La denuncia que dio origen a estas actuaciones fue presentada en 2019 por la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), en colaboración con distintas fuerzas sindicales y la organización Taxi Project, ante la Inspección de Trabajo en los territorios donde operaba Cabify. Taxi Project explica que, en diciembre de ese año, puso en conocimiento del Col·lectiu Ronda y del jurista Nacho Parra la necesidad de elaborar una denuncia sobre las presuntas irregularidades en la relación laboral entre los conductores de VTC y compañías como Uber y, especialmente, Cabify.
Para preparar la denuncia, según relató Taxi Project 2.0, Élite Barcelona había establecido previamente contactos con conductores y exconductores de Cabify para obtener datos que pudieran servir como base documental. A esa información se sumaron datos procedentes de las actuaciones de defensa laboral de conductores VTC realizadas por Col·lectiu Ronda y otros obtenidos mediante investigaciones informáticas encargadas por Taxi Project a la consultora Ekona./TAMBIÉN ES NOTICIA
