Élite Taxi pide a la Generalitat que suspenda inmediatamente la actividad de Uber
La Asociación Profesional Elite Taxi Barcelona ha presentado ante la Direcció General de Transports de la Generalitat de Catalunya una denuncia formal contra Uber, solicitando la adopción de medidas cautelares urgentes para suspender de forma inmediata su actividad mientras se tramita el procedimiento de revocación definitiva de sus licencias VTC.
Para ello, la asociación alega “pérdida de honorabilidad” (art. 9 de la Ley 16/1987 - LOTT), “incapacidad técnica” (art. 9.2.b LOTT), “incapacidad financiera” (art. 9.2.c LOTT) y “operación sistemática ilegal como transportista”, conforme al artículo 34 de la LOTT.
La denuncia también se apoya en el artículo 49 de la LOTT, que, señalan, permite la revocación de las autorizaciones de transporte cuando resulta imposible la subsanación de dichos incumplimientos, así como en los artículos 182 y siguientes del Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT), que tipifican las infracciones por falta de precontratación, captación ilegal y operaciones fuera del ámbito territorial autorizado.
Asimismo, se invocan los artículos 71, 72 y 73 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP), relativos a la prohibición de contratar con el sector público por infracciones graves y reiteradas que afecten a la integridad profesional.
El escrito incorpora también la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (C-434/15), que determinó que la compañía es un operador de transporte sujeto a la normativa sectorial, y la Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible de Catalunya, que exige a los operadores respetar criterios de sostenibilidad ambiental, equidad territorial y accesibilidad universal.
Según la documentación presentada por la asociación, el algoritmo de la plataforma impondría a los conductores la aceptación de servicios con menos de 3 minutos de antelación. Esto, aseguran, vulnera la exigencia de 15 minutos mínimos establecida por la normativa catalana y generando una operativa estructuralmente ilegal.
Desde la asociación, consideran que el modelo de Uber “constituye una estructura organizada para incumplir la normativa” que obtiene beneficios económicos del “fraude regulatorio”.
