Detectados indicios de fraude en exámenes de idiomas vinculados al taxi
La Asociación Élite Taxi Barcelona ha mantenido una reunión con la Unidad de Investigación de los Mossos d’Esquadra en el marco de las diligencias judiciales abiertas tras la denuncia presentada por la organización el mes de junio del año pasado por un presunto fraude en la obtención de certificados de idiomas.
Según ha informado la asociación, la denuncia alertaba de la existencia de tramas organizadas que operarían en la expedición irregular de estos certificados, incluyendo la falsificación documental y la suplantación de identidad en exámenes oficiales, con personas que se presentarían en lugar de los aspirantes reales.
Durante el encuentro, los Mossos d’Esquadra habrían trasladado a la organización que la investigación ha registrado avances relevantes, entre ellos la detección de movimientos bancarios sospechosos vinculados a personas implicadas en la expedición de certificados y el seguimiento de casos concretos en los que se habría constatado que los titulares no disponen del nivel lingüístico acreditado.
Ante la gravedad de los hechos, y a petición de Élite Taxi, se adoptará como medida inmediata la presencia de agentes de los Mossos d’Esquadra en los exámenes, con el objetivo de verificar la identidad de los aspirantes.
Tolerancia cero con el fraude
Además, la asociación plantea una serie de medidas de carácter estructural para evitar este tipo de prácticas. Entre ellas, propone la elevación del nivel exigido de catalán y castellano con carácter retroactivo, de modo que los profesionales que no lo tengan convalidado deban volver a examinarse, así como la implantación obligatoria de pruebas orales como mecanismo para acreditar el conocimiento real del idioma.
Élite Taxi ha advertido de una política de “cero tolerancia con el fraude” y ha señalado que cualquier persona detectada suplantando la identidad en los exámenes perdería de forma inmediata la credencial, se iniciaría la revocación de la licencia y los hechos se pondrían en conocimiento de la autoridad judicial por posibles responsabilidades penales.
La organización considera que se trata de hechos “muy graves” que afectan a la legalidad, al servicio público y a los profesionales que cumplen con la normativa vigente./TAMBIÉN ES NOTICIA