Del apoyo a las críticas: las posiciones de los grupos ante la nueva ley del taxi
La mayoría del Parlament de Catalunya ha rechazado este miércoles la enmienda a la totalidad presentada por VOX contra la proposición de ley que pretende regular el transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas en Cataluña, una norma destinada a ordenar la convivencia entre el taxi y las VTC. La votación se ha saldado con 108 votos en contra, 11 a favor y 15 abstenciones, lo que permite que el texto continúe su tramitación parlamentaria.
El debate ha evidenciado amplias coincidencias entre la mayoría de grupos en la necesidad de abrir el proceso legislativo para actualizar una regulación que, según recordaron varios diputados, lleva más de dos décadas sin reformarse. No obstante, también se han escuchado críticas al procedimiento elegido para impulsar la norma y advertencias sobre la necesidad de introducir cambios durante la fase de enmiendas.
PSC: estabilidad para el sector y protección a los usuarios
El diputado del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), José Ignacio Aparicio, defendió el rechazo a la enmienda de VOX al considerar que la ley es “necesaria, útil y oportuna”. Para el grupo socialista, tumbar la iniciativa en esta fase supondría impedir un debate imprescindible para ordenar un sector clave de la movilidad.
Aparicio subrayó que la norma parte de tres convicciones fundamentales. En primer lugar, situar a los usuarios en el centro y garantizar su protección. En segundo lugar, aportar estabilidad a un sector marcado por la inseguridad jurídica de los últimos años. Y, en tercer lugar, reconocer que los distintos modelos de transporte no son iguales y requieren reglas diferenciadas.
El diputado socialista defendió el valor público del taxi como servicio esencial, presente incluso cuando otros medios de transporte no lo están. “El taxi no es un lujo para muchas personas, sino una necesidad que marca la diferencia entre poder o no poder moverse”, afirmó. Por ello, sostuvo que el sector merece un marco jurídico estable que también tenga en cuenta retos como la sostenibilidad o la accesibilidad.
Para el PSC, el momento actual no es el de bloquear la iniciativa, sino el de trabajar en su mejora durante la tramitación parlamentaria.
Junts: regulación necesaria, pero con mejoras y más consenso
Desde Junts per Catalunya, la diputada Montse Ortiz recordó que la última ley del taxi se aprobó hace 23 años, un periodo en el que la movilidad, la tecnología y el propio sector han cambiado profundamente.
Según explicó, la irrupción de las VTC ha generado tensiones en un marco normativo que no estaba preparado para esta transformación, lo que hace necesaria una nueva regulación. En ese contexto, su grupo decidió votar en contra de la enmienda de VOX para permitir el debate parlamentario.
No obstante, Ortiz criticó que el Govern no haya buscado suficiente consenso con todas las partes implicadas. A su juicio, la gestión de este conflicto debería haberse basado en una mayor escucha del sector.
Junts adelantó que mantendrá una actitud crítica durante la tramitación y presentará propuestas para mejorar el texto. Entre sus prioridades figuran garantizar la seguridad jurídica del sector, ordenar la convivencia con unas 4.000 VTC, impulsar la digitalización del taxi y reforzar el uso del catalán en el servicio, incluyendo la exigencia de un nivel B2 para los profesionales.
La diputada también subrayó la importancia del taxi en muchas zonas del territorio donde constituye el único servicio de movilidad disponible, así como la necesidad de reforzar la accesibilidad universal.
ERC: una ley para todo el país y para reducir la inseguridad jurídica
El diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Joan Ignasi Elena defendió igualmente el rechazo a la enmienda de VOX y agradeció el trabajo realizado por las entidades del sector del taxi en la elaboración de propuestas.
Elena sostuvo que la nueva ley es necesaria para poner fin a la dispersión normativa y a la inseguridad jurídica que, según señaló, ha marcado el sector en los últimos años. “No podemos vivir instalados en un escenario de recursos y litigios constantes que cambian el panorama cada poco tiempo”, afirmó.
A su juicio, la regulación debe ofrecer garantías tanto a los usuarios de un servicio que calificó de esencial como a los profesionales del sector, incluyendo a los titulares de licencias y a los trabajadores asalariados.
El diputado republicano destacó además la importancia de regular los instrumentos de intermediación, en referencia a las plataformas digitales que operan en el transporte urbano.
Asimismo, subrayó que la ley debe tener una visión de país y no limitarse a resolver los problemas específicos del Área Metropolitana de Barcelona. “Es una ley para todo el territorio”, insistió, aunque reconoció que el texto deberá afinarse durante su tramitación para lograr el máximo consenso posible.
Comuns: control público de las plataformas y defensa del servicio público
El diputado de Comuns, Lluís Mijoler, también anunció el voto contrario a la enmienda de VOX al considerar que Cataluña necesita regular un sector profundamente alterado por la irrupción de las plataformas digitales.
Mijoler planteó el debate en términos claros: no se trata de elegir entre una ley perfecta o imperfecta, sino entre permitir la tramitación o bloquearla antes de empezar. En su opinión, el Parlament tiene la responsabilidad de legislar para aportar seguridad jurídica.
El representante de los Comuns defendió el papel del taxi como servicio sometido a obligaciones de servicio público y que garantiza la movilidad incluso en zonas de baja demanda. Por ello, valoró positivamente que la propuesta intente regular la intermediación de las plataformas.
No obstante, su grupo reclamará mejoras durante la tramitación. Entre ellas, reforzar la protección de los trabajadores del sector, evitar la proliferación de falsos autónomos y someter a las plataformas a un mayor control público y transparencia.
También insistió en la necesidad de garantizar la equidad territorial y la accesibilidad universal, recordando que en muchas comarcas el taxi rural es el único transporte público efectivo.
CUP: defensa del taxi frente a la liberalización
La diputada de la CUP, Laura Fernández Vega, inició su intervención con ejemplos de ciudades estadounidenses donde la liberalización del transporte habría provocado un deterioro del servicio de taxi. Según señaló, ese sería el modelo que podría imponerse si no existiera una regulación fuerte.
Fernández criticó los estudios impulsados por las plataformas de VTC y afirmó que estas empresas ejercen presión sobre el mercado. Para la diputada, defender al taxi es también defender al conjunto de los trabajadores.
A pesar de sus críticas al modelo de plataformas, la CUP anunció su apoyo a la tramitación de la ley para poder escuchar a todos los actores del sector y mejorar el texto.
La diputada defendió que el taxi no debe convertirse en un ámbito de especulación y destacó la importancia de garantizar el servicio en todo el territorio y reforzar el uso del catalán.
VOX: críticas al procedimiento y advertencias jurídicas
El diputado de VOX, Andrés Bello, defendió la enmienda a la totalidad argumentando que el sector del transporte de hasta nueve plazas atraviesa una profunda inseguridad jurídica.
Según explicó, los continuos cambios normativos y los recursos judiciales han generado un clima de incertidumbre tanto para taxis como para VTC. Desde su perspectiva, una nueva regulación debería centrarse en ofrecer estabilidad y garantizar un servicio de calidad.
Bello criticó especialmente que la iniciativa se haya presentado como proposición de ley impulsada por grupos parlamentarios y no como proyecto de ley del Govern. A su juicio, ello impide contar con los informes técnicos y jurídicos necesarios para una regulación sólida.
El diputado también advirtió de posibles contradicciones con el derecho de la Unión Europea y acusó a los grupos impulsores de actuar como “altavoces” de una parte del sector del taxi. Por estas razones, VOX defendió tumbar la propuesta.
PP y Grupo Mixto: permitir el debate, pero con reservas
El Partido Popular, a través de la diputada Àngels Esteller, optó por la abstención. La dirigente popular coincidió en que la regulación tendrá una gran trascendencia jurídica y política, pero criticó el procedimiento legislativo.
Según el PP, la norma debería haberse presentado como proyecto de ley e incluir informes técnicos que justifiquen las restricciones que puedan imponerse al sector, tal como exige la normativa europea.
Esteller defendió una regulación “moderna y equilibrada” que incorpore a todos los operadores y sitúe al ciudadano en el centro, garantizando una oferta suficiente de transporte. Aunque valoró el papel del taxi, también reconoció el trabajo de las VTC y la necesidad de adaptarse a los cambios en la movilidad.
Por su parte, la diputada del Grupo Mixto, Silvia Orriols, también votó en contra de la enmienda de VOX para permitir el debate, aunque expresó importantes reservas sobre la propuesta. Según señaló, la ley debe tener en cuenta las diferencias territoriales y evitar reducir la oferta de movilidad para los ciudadanos.
Orriols advirtió de que expulsar a las VTC del entorno urbano podría aumentar los tiempos de espera y limitar las opciones de los usuarios. Aun así, consideró necesario debatir la regulación para encontrar un equilibrio entre los distintos modelos.
Inicio de la tramitación parlamentaria
Con el rechazo de la enmienda de VOX, la proposición de ley inicia ahora su recorrido parlamentario, una fase en la que los grupos podrán presentar enmiendas y negociar cambios en el texto.
Aunque la mayoría de formaciones coincidieron en la necesidad de regular el sector, el debate dejó claro que la futura ley todavía deberá superar un intenso proceso de negociación para alcanzar un consenso amplio sobre el modelo de movilidad en Cataluña./TAMBIÉN ES NOTICIA
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