“La situación en Gremial es insostenible”

A raíz de los últimos acontecimientos en Gremial Madrid relacionados con la suspensión cautelar de las elecciones del 29 de noviembre y del posterior sobreseimiento de la causa por desacato al anterior presidente Parrondo, la Junta Directiva resultante de dichos comicios solicitará el levantamiento de la mencionada suspensión.

Así nos lo ha confirmado Román García Polvorinos, miembro de dicha junta y vicepresidente electo de la entidad. Consideran que, a la luz de las nuevas informaciones, y ante la situación de "insostenibilidad" en la que se encuentra la entidad, es necesario recuperar sus puestos.
García Polvorinos nos explica que, si bien han recibido muchas críticas por no haber paralizado la suspensión cautelar de las elecciones, la Junta Directiva entendió que no podía hacer otra cosa "que no fuera acatar la orden judicial".

Recordemos que la suspensión cautelar fue promulgada por el juzgado de instrucción número 36, el mismo que a fecha de hoy ha solicitado a las partes todas las pruebas relacionadas con la celebración de dichos comicios tras haberse conocido la decisión del juzgado número 35 de sobreseer la causa de desacato a Parrondo al decidir celebrar las citadas elecciones.

"Ahora mismo su señoría tiene toda la documentación que antes no tenía", asegura García Polvorinos que señala, además, que en su momento tenía que haber indicado quién se quedaba al cargo de la asociación para evitar un vacío de poder. "Creemos que en el mismo auto en el que se nos cesaba del cargo, la jueza debería haber indicado quién era el presidente", señala y afirma que, "personalmente", entendía que el presidente en aquel momento era José Parrondo.

De acceder a esta petición de levantamiento de la cautelar, los siete miembros de la junta directiva elegida en el proceso electoral celebrado a finales de noviembre podrían recuperar sus cargos casi 5 meses después de que se celebraran las elecciones.
Según ha avanzado, una de las primeras cuestiones que abordarían sería la revisión del despido de la asesoría jurídica de Gremial y la contratación del bufete de abogados que ha llevado los casos de Funes, así como de la procuradora que les ha representado. Cree que es un tema "muy importante" y no quiere pensar sirva para pagar "todas las minutas que tengan de las actuaciones que hayan tenido personalmente".

Extractamos parte de la entrevista que podrán leer en la edición impresa.

Gaceta del Taxi.- Tras los recientes acontecimientos judiciales, ¿nos confirma que van a solicitar la anulación de la suspensión cautelar?

Román García Polvorinos.- Confirmo y anuncio, en nombre del resto de compañeros, que toda la junta electa estudiamos presentar al juzgado 36 un escrito en el cual vamos a solicitar la anulación de la medida cautelar con el fin de volver a entrar como junta directiva tras haber ganado las elecciones del 29 de noviembre.

G.T.- ¿Esta decisión tiene que ver con todas las novedades que se han producido en Gremial en los últimos meses?

R.G.P.- Influye desde el momento en que el juzgado 36, en un documento el 24 de marzo de 2010, reconoce como presidente de la entidad a José Parrondo en relación a la convocatoria de las elecciones.No queríamos causar más problemas"

G.T.- Esta junta electa de la que usted es vicepresidente recibió muchas críticas por no intentar recurrir la suspensión cautelar de las elecciones, ¿qué tiene que decirles a los socios?

R.G.P.- En ese momento nunca nos planteamos, con la información que teníamos, seguir en nuestro puesto a base de recursos y juzgados. Creemos que la asociación está tan judicializada que en ningún sitio se nos respeta y nosotros no íbamos a judicializarla aún más. No queríamos causar más problemas.

Cuando se convocaron las elecciones, sabíamos que había quien no quería que se celebraran. Aún así, nosotros nunca tuvimos constancia de que dichas elecciones hubieran sido suspendidas de manera cautelar, pero siempre estuvo el rumor.

Por eso nos presentamos y ganamos las elecciones, que fueron limpias y legales ya que se cumplieron todos los requisitos. No debemos olvidar que se celebraron a petición de más de un 10% de los socios, tal y como marcan los estatutos.

G.T.- Otras de las críticas que han recibido es haber entregado las llaves de la entidad a Funes en vez de a Parrondo cuando habían declarado que era a este último a quien consideraban presidente, ¿por qué ocurrió esto?

R.G.P.- Una vez ganamos, nos pusimos a trabajar hasta que llegó dicha orden. En ese momento, toda la directiva entendió que no podíamos hacer otra cosa que no fuera acatar la orden judicial. Entregamos nuestras llaves al Comité de empresa de la asociación, que tenía la voluntad de entregarlas en el juzgado. Creemos que en el mismo auto en el que se nos cesaba del cargo, la jueza debería haber indicado quién era el presidente. Yo personalmente entendía que el presidente, en aquel momento, era José Parrondo.

Sin embargo, a pesar del compromiso del Comité, la persona encargada cayó enferma al día siguiente y Funes recibió el sobre con las llaves.

Una Junta Directiva "cautiva"

G.T.- Habla de no haber querido judicializar la asociación en aquel momento, ¿por qué ahora deciden acudir a los juzgados? ¿Qué ha cambiado?

R.G.P.- La sentencia del 35, en la que queda reflejado que no hay constancia de que el presidente recibiera la comunicación de suspensión de las elecciones y que por tanto no hubo desacato, lo cambia todo. La información es totalmente distinta a la que teníamos entonces. Además, hay que añadir la situación de Gremial, a donde están llevándola y por responsabilidad a todos los socios, debemos actuar así. Hay una junta totalmente dividida, controlada por el vicepresidente y el secretario que tienen cautiva al resto de la directiva.

G.T.- ¿Cómo está la situación actual en la asociación?

R.G.P.- La situación en Gremial es insostenible. Ahora mismo quienes mandan ahí son el vicepresidente y el secretario que tienen cautiva al resto de la directiva y esta no es forma de dirigir una entidad. Sólo hay que ver cómo han gestionado todo el tema de la regulación horaria con la que personalmente estoy en total desacuerdo.

Pero hay un tema aún más importante y grave que afecta al propio funcionamiento interno de la entidad. En la primera sesión de Junta celebrada en el mes de enero decidieron despedir a la asesoría jurídica de Gremial. Algunos de ellos llevan 25 años en la entidad y creo que hay poca gente que sepa más en todo Madrid de temas laborales como ellos. Además, yo he sido directivo durante cuatro años con Eladio Núñez y en todo ese tiempo no tuvimos ningún problema y siempre se ha estado muy satisfecho.

Ahora nos enteramos que en esa sesión se decidió contratar al bufete de abogados que dirige el letrado de Funes, Gabriel Urralburu, así como contratar a la procuradora que les ha llevado todo sus temas personales para representar a la asociación. No quiero pensar que el despido de la asesoría jurídica y la contratación de estas personas sirva para pagar todas las minutas de las actuaciones que hayan tenido personalmente. Y lo digo muy seriamente, si algún día volvemos, eso se va a revisar. Creo que es un tema muy importante y lo considero inadmisible.