La expansión de las VTC reaviva el conflicto con el sector del taxi
El aumento de licencias concedidas a plataformas como Cabify ha desatado nuevas tensiones en las principales ciudades españolas, especialmente en Madrid, donde los vehículos de alquiler con conductor (VTC) amenazan con superar en número a los taxis. El sector denuncia una competencia desleal amparada por lagunas legales, mientras los tribunales y las administraciones debaten sobre el modelo de movilidad urbana que debe imperar en España.
En los últimos años, la irrupción de los vehículos de alquiler con conductor ha reconfigurado el panorama de la movilidad urbana en España. Aunque ambos servicios ofrecen transporte de pasajeros, las diferencias legales, tarifarias y operativas son profundas, y siguen generando debate tanto en la calle como en los tribunales.
El taxi es un servicio regulado históricamente a nivel municipal o regional, dependiendo de la zona. Cada administración establece las condiciones de explotación, el número de licencias disponibles y las tarifas. Además, las licencias de taxi suelen estar limitadas y su precio en el mercado secundario puede superar fácilmente los 120.000 euros en ciudades como Madrid o Barcelona. Por su parte, los taxistas deben cumplir una serie de requisitos como llevar taxímetro, respetar turnos de trabajo, someter el vehículo a inspecciones periódicas y prestar servicio en todo el municipio, incluyendo zonas periféricas y usuarios con necesidades especiales.
En el caso de las VTC, estos vehículos operan bajo un marco legal distinto. Su regulación corresponde al Estado y a las comunidades autónomas a través de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. Y si bien antiguamente existían lo que se denominaban “gran turismo”, las nuevas autorizaciones de VTC han sido objeto de especulación y concentración, y muchas empresas han acumulado cientos de autorizaciones a través de vacíos legales y recursos judiciales.
A diferencia del taxi, los vehículos VTC no pueden circular en busca de pasajeros ni detenerse en la vía pública para captar clientes. Su operativa se limita a servicios contratados previamente mediante plataformas digitales. Tampoco pueden recoger pasajeros en paradas ni estacionarse en zonas reservadas a transporte público, y en algunas comunidades están obligados a regresar a la base tras cada servicio, aunque este requisito ha sido recurrido ante los tribunales.
En cuanto a los precios, la diferencia también es notable. El taxi aplica tarifas fijas reguladas que se calculan en función del recorrido, el tiempo y los suplementos establecidos en la normativa local. Aunque hasta hace unos años el usuario solo podía conocer el precio final al llegar a su destino, los avances tecnológicos han permitido crear tarifas cerradas con determinado destino, como puede ser el aeropuerto o los puertos y estaciones de tren.
De esta manera, el taxi ofrecía una herramienta que, hasta ese momento, pertenecía a los servicios VTC, que ofrecen precios cerrados que se calculan antes de iniciar el trayecto mediante algoritmos propios. Uno precios que varían en función de la demanda y la disponibilidad, dando lugar a las llamadas tarifas dinámicas. Según un informe reciente de KPGM, los usuarios de VTC en España pagan unos 42 millones de euros al año en sobrecostes derivados de estos ajustes de precio, que pueden incrementar la tarifa entre un 20 % y un 40 % en momentos de alta demanda.
Desequilibrio en Madrid
La confrontación entre ambos modelos se intensificó en mayo de 2025, cuando miles de taxistas se manifestaron en Madrid tras conocerse que la Comunidad había autorizado más de 8.500 nuevas licencias VTC a una sola empresa. Con esta medida, el número de vehículos VTC podría superar al de taxis en la capital, lo que generó una oleada de protestas, cortes de tráfico y movilizaciones. Las asociaciones del taxi denuncian un modelo de competencia desleal, con condiciones laborales y fiscales distintas, mientras que las plataformas VTC argumentan que aportan flexibilidad, innovación tecnológica y mayor disponibilidad de servicio para el usuario.
Los tribunales, tanto españoles como europeos, han emitido fallos contradictorios en los últimos años sobre el límite de licencias, la vuelta a base o la proporcionalidad de la regulación. Mientras el sector del taxi exige mayor control y cumplimiento de las normas existentes, las VTC reclaman una liberalización definitiva del mercado. /TAMBIÉN ES NOTICIA
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