Un dictamen sobre el futuro reglamento VTC avala regular los precios dinámicos ante posibles abusos

El Consejo Económico y Social de Andalucía ha emitido su dictamen sobre el futuro decreto que desarrollará el reglamento de los vehículos de transporte con conductor (VTC) en la comunidad, un texto largamente esperado y que llega con casi tres años de retraso respecto al plazo inicialmente previsto tras la modificación de la Ley 2/2003 en 2022. El órgano consultivo valora la oportunidad de la norma, aunque advierte de la necesidad de reforzar varios aspectos clave antes de su aprobación definitiva.

Entre las observaciones más relevantes figura la regulación del precio dinámico, uno de los elementos que más impacto puede tener en la convivencia entre taxi y VTC. El proyecto de decreto contempla que, en situaciones excepcionales de alta demanda, el precio final de un servicio VTC no podrá superar en más de un 100% el precio ordinario ofertado para un trayecto equivalente. El CES entiende que esta limitación busca evitar abusos a los usuarios, pero considera que su desarrollo necesita mayor precisión jurídica.

El dictamen no cuestiona la existencia del precio dinámico como fórmula comercial, y de hecho reconoce que puede ser “compatible con la regulación del sector” y una herramienta legítima de gestión empresarial, siempre que se base en criterios objetivos y transparentes y que el usuario conozca el precio final antes de contratar. El Consejo subraya así una línea clara: el problema no es la tarificación variable en sí, sino la opacidad y la falta de control sobre cómo se calcula, porque sí que reconoce que pueden producirse situaciones en las que las tarifas puedan resultar “abusivas, desproporcionadas o leoninas”.

En ese sentido, el CES reclama al Gobierno andaluz que concrete conceptos como “incremento significativo”, “situaciones excepcionales de alta demanda” o “precio ordinario”, al entender que su redacción actual puede generar interpretaciones dispares. También pide detallar la metodología para calcular esos incrementos máximos, con el fin de evitar alteraciones artificiales del precio base que perjudiquen al usuario.

Además, el órgano insiste en reforzar las obligaciones de información previa y la trazabilidad de los precios, obligando a operadores y plataformas a conservar datos que permitan a la Administración verificar cuál era el precio ordinario, cuál fue finalmente cobrado y bajo qué circunstancias se aplicó el incremento. Una observación especialmente significativa en un contexto de creciente dependencia de algoritmos para fijar tarifas y asignar servicios.

Más allá de la cuestión tarifaria, el dictamen introduce también observaciones de calado en materia laboral. El Consejo reclama reforzar el peso de las condiciones laborales y la prevención de riesgos, especialmente ante la gestión algorítmica del trabajo en las plataformas. En concreto, plantea incorporar garantías frente a la fatiga, la presión por disponibilidad permanente o decisiones automatizadas sin supervisión humana suficiente.

El Consejo también avala la creación de un sistema de capacitación profesional obligatorio para conductores de VTC, aunque propone mejorar su implantación con convocatorias suficientes, criterios objetivos de evaluación y reconocimiento de experiencia profesional previa. Asimismo, plantea acortar a un año el plazo transitorio para exigir esta certificación, con el objetivo de acelerar la profesionalización del sector.

En el apartado dedicado a los derechos de las personas usuarias, el CES valora positivamente que el decreto incorpore un catálogo específico de garantías, como la información previa sobre tarifas, la identificación del vehículo y del conductor, el acceso a hojas de reclamaciones o el derecho a indemnización por cancelación unilateral. No obstante, reclama aclarar la responsabilidad de las plataformas digitales cuando intervienen en la contratación, el cobro o la gestión de reclamaciones, y propone reforzar también el régimen sancionador para delimitar con precisión qué incumplimientos corresponden a operadores, plataformas o conductores, especialmente en cuestiones como la captación de servicios, la comunicación al registro o las cancelaciones.

En sus conclusiones, el CES deja la pelota en el tejado del Consejo de Gobierno andaluz, al que insta a valorar e incorporar estas observaciones en la redacción final del decreto. Para el sector del taxi, especialmente atento al equilibrio regulatorio entre ambos modelos, el dictamen deja una lectura clara: Andalucía avanza hacia una regulación más detallada de las VTC, pero el debate sobre tarifas, control administrativo y protección del usuario sigue abierto./TAMBIÉN ES NOTICIA