Una asociación de VTC se suma a una reivindicación histórica del taxi y pide más inspectores para combatir el fraude en Andalucía
La falta de inspecciones en el transporte de viajeros vuelve a situarse en el centro del debate en Andalucía. En esta ocasión no ha sido el taxi quien ha reclamado un mayor control sobre el cumplimiento de la normativa, sino una organización del propio sector VTC.
La Asociación VTC Andalucía, Ceuta y Melilla ha solicitado a la Junta de Andalucía un refuerzo urgente de los recursos humanos y materiales destinados a la inspección del transporte, al considerar que la escasez de controles favorece el fraude y perjudica a las empresas y autónomos que desarrollan su actividad conforme a la legalidad.
La petición resulta especialmente significativa porque coincide con la reivindicación del sector del taxi que desde hace años exige a las administraciones un aumento de las labores de vigilancia para perseguir el intrusismo y garantizar que todos los operadores compitan bajo las mismas reglas.
Solo 16 inspectores para toda Andalucía
Según los datos facilitados por la asociación, las delegaciones provinciales de Transporte de Andalucía cuentan actualmente con 59 trabajadores, de los que únicamente 16 desempeñan funciones de inspección.
A juicio de la organización, esta plantilla resulta insuficiente para controlar un sector que agrupa miles de autorizaciones de transporte de viajeros y mercancías, por lo que reclama un incremento de los efectivos y de los medios técnicos y administrativos destinados a las labores de vigilancia.
"Quienes trabajan dentro de la legalidad no pueden verse perjudicados por quienes incumplen las reglas", afirma García Trespalacios, quien considera que la falta de controles genera una situación de competencia desleal y perjudica la seguridad jurídica del conjunto del sector.
Una reclamación que el taxi lleva años realizando
La petición de la asociación llega pocos meses después de que las organizaciones del taxi andaluz reclamaran a la Junta la aprobación del reglamento autonómico de las VTC y, además, un refuerzo de la inspección para perseguir las actividades que se desarrollan al margen de la normativa.
Como publicó entonces La Gaceta del Taxi, el sector advertía de que la falta de controles estaba dificultando la aplicación efectiva de la regulación aprobada por Andalucía y reclamaba más medios para garantizar el cumplimiento de las limitaciones impuestas a las VTC.
En las últimas semanas, además, esa demanda ha vuelto a cobrar actualidad tras las actuaciones desarrolladas por los servicios de inspección en la Costa del Sol. A principios de julio, La Gaceta del Taxi informó de la inmovilización y retirada de varios vehículos VTC que prestaban servicio con autorizaciones domiciliadas en otras comunidades autónomas, una actuación que evidenció la importancia de reforzar las labores de vigilancia para detectar posibles incumplimientos.
La ley ya contempla importantes sanciones
Desde la organización de VTC, sin embargo, recuerdan que las autorizaciones VTC se rigen por la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) y, en el ámbito autonómico, por el Decreto-ley 8/2022, que modificó la Ley de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía.
En este sentido, la legislación considera infracción muy grave iniciar un servicio en un ámbito territorial distinto del que corresponde o incumplir las limitaciones que regulan la prestación habitual del servicio. Estas conductas pueden conllevar sanciones económicas de entre 1.001 y 2.000 euros, que pueden elevarse hasta los 6.000 euros en caso de reincidencia, además de la posible revocación de la autorización cuando se acumulen tres infracciones muy graves en un periodo de dos años.
Aunque el taxi y las VTC mantienen importantes diferencias en múltiples aspectos, la petición formulada ahora por esta asociación pone de manifiesto un punto de coincidencia poco habitual entre ambos sectores, poniendo el foco en la insuficiencia de medios para hacer cumplir las normas ya existentes.