TRIBUNA: La trampa de los Poderes Públicos (2/6)

Por Manu Sánchez

Con el paso de los años, ese acostumbrado juego político deja en el aire las intenciones de todos ellos, para transformar una actividad (existen muchos interés de por medio). Para  conseguir ese objetivo conllevaba realizar constantes equivocaciones llevadas a cabo en la prolija y extensiva normativa de transporte y a una inacción por parte de las Administraciones Públicas competentes en dicha materia, que diera pie a un sinfín de procesos judiciales para que la actividad del arrendamiento de vehículos con conductor pudiera incorporarse en un escenario legal. Es decir, el Legislativo les dio una manita de enlucido para que acto seguido acabasen en los Tribunales de Justicia. Una materia (arrendamiento de vehículos versión con conductor) cuya incidencia, según los Tribunales de Justicia en sentencias dictadas entre (2012, 2014, etc.) argumentaban que ofrecía poca incidencia sobre el sector del taxi y su modo de prestación de los servicios, porque entendieron los magistrados jueces que tanto su caracterización empresarial así como su prestación, no eran iguales a los que realiza el sector del taxi. 

Confiamos en los Tribunales que tendrán la última palabra siempre y cuando nuestro tiro sea preciso y objetivo pues el daño existe y eso nunca lo podrán ocultar

 

Estas autorizaciones estatales para el ámbito y clase de actividad (auxiliar y complementaria del transporte), se otorgaron por sentencias judiciales porque argumentaron que debían darse, por ser una actividad libre en aplicación de la Directiva de Servicios.  Sin embargo, estas empresas en vez de ejercer su actividad mercantil, a partir del año 2013 realizaron una incursión (con nocturnidad y alevosía). Era el momento elegido en la mutación de dicha actividad para incrustarse en los servicios del Taxi (urbano e interurbano) creando un hábito de frecuencia en los ciudadanos con la permisibilidad de las Administraciones Públicas competentes a sabiendas que necesitaban una autorización (licencia) para poder realizar servicios de transporte urbano.  O acaso, todas aquellas autorizaciones de transporte otorgadas a otras modalidades o actividades (servicios funerarios, sanitarios, turísticos, privados complementarios, etc.), también podrían hacer cualquier clase de servicio y, especialmente realizar los servicios de taxi. 

 

Pues rotundamente, NO. Entonces por qué si se les permitió que los VTC irrumpieran en los servicios del transporte urbano, a sabiendas que no lo pueden hacer, pues según las leyes de transporte madrileña establece que los servicios de movilidad urbana que son realizados por el automóvil de turismo, es preciso obtener previamente una LICENCIA que habilite para su prestación. Por consiguiente, los VTC no pueden realizar el mismo, porque la licencia municipal corresponde exclusivamente a una categoría única, denominándose LICENCIA DE AUTOTAXI, cuya competencia para el otorgamiento corresponde a los municipios en cuyo término se pretenda desarrollar la actividad de transporte urbano. Y con la particularidad de que no creamos que se dan licencias a cascoporro porque no es así, la propia Ley 20/1998 de los transportes urbanos establece las reglas que predeterminan el número máximo de licencias de autotaxi en cada uno de los distintos municipios (179) en función de su volumen de población u otros parámetros objetivos, cuando así lo considere necesario para el adecuado funcionamiento del sistema general de transporte.  Entonces que hacen las empresas de VTC refugiadas en App haciendo servicios de Taxi cuando no pueden hacerlo. La Ley es la Ley, sin embargo no se cumple ni la hacen cumplir. 

 

Ese juego político ha conllevado que exista un daño patrimonial al sector del taxi tan brutal que los Estados (Estatal y Autonómicas) junto a sus administraciones públicas tendrán que resarcir. Bien en proceso administrativo o finalmente vía judicial admitiendo un daño total o parcial pero nunca desestimatoria porque todo el mundo conoce que está pasando en esta historia.